Bruselas demanda a España por la franquicia del IVA

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su legislación una directiva comunitaria que introduce un régimen especial de exención del IVA para pequeñas empresas. Esta normativa permitiría que miles de autónomos y pymes que operan dentro del mercado europeo puedan simplificar sus obligaciones fiscales y, en determinados casos, dejar de aplicar este impuesto en sus operaciones.

El conflicto se origina por el retraso en la transposición de la Directiva (UE) 2020/285, una reforma del sistema común del IVA aprobada en 2020 que busca facilitar la actividad de las pequeñas empresas dentro del mercado único europeo. Según Bruselas, España debía haber adaptado su normativa antes del 31 de diciembre de 2024 para que las nuevas reglas entraran en vigor el 1 de enero de 2025. Sin embargo, hasta el momento el Ejecutivo no ha comunicado la adopción de las medidas necesarias.

La decisión de la Comisión llega después de varios avisos formales dentro del procedimiento de infracción que la institución europea abrió contra España por este asunto. Tras comprobar que el país no ha cumplido con la obligación de adaptar su legislación, Bruselas ha optado por elevar el caso ante el TJUE, lo que podría derivar en sanciones económicas si el tribunal concluye que existe incumplimiento.

El núcleo de la normativa europea es el denominado régimen de franquicia del IVA, un sistema que permite simplificar las obligaciones fiscales de pequeños negocios. Bajo este modelo, las empresas que no superen determinados umbrales de facturación anual —que pueden llegar hasta los 85.000 euros— podrían quedar exentas de aplicar el impuesto en determinadas operaciones dentro de la Unión Europea.

Para muchas pymes y autónomos, esta medida supone una reducción significativa de cargas administrativas. El objetivo es que pequeños negocios que venden bienes o prestan servicios en distintos países europeos no tengan que enfrentarse a complejos trámites fiscales en cada jurisdicción, algo que actualmente representa un obstáculo importante para la expansión internacional de empresas de menor tamaño.

La directiva europea busca simplificar el IVA para pymes

Aunque la directiva establece este régimen de simplificación fiscal, su alcance es más limitado de lo que a veces se interpreta. La obligación de aplicar la exención afecta únicamente a operaciones transfronterizas dentro de la Unión Europea, es decir, a transacciones realizadas entre empresas situadas en distintos Estados miembros.

En cambio, la aplicación de un sistema similar dentro de cada país sigue siendo una decisión opcional para los gobiernos nacionales. Esto significa que, incluso si España adapta completamente su legislación a la directiva europea, los autónomos que operen exclusivamente dentro del territorio nacional seguirían teniendo que repercutir el IVA en sus facturas, salvo que el Gobierno decida implantar también una franquicia nacional.

El retraso en la aplicación de esta normativa ha generado críticas desde distintas organizaciones representativas del colectivo autónomo. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) fue una de las entidades que denunció formalmente ante Bruselas el incumplimiento de España.

El presidente de la organización, Lorenzo Amor, ha señalado en varias ocasiones que la situación actual coloca a los trabajadores por cuenta propia españoles en una posición de desventaja frente a sus competidores europeos. “A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida para transponer la Directiva Europea 2020/285. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado facturando menos de 85.000 euros”, afirmó.

Según Amor, la normativa vigente en España —basada en la Ley del IVA de 1992— no contempla un sistema general de exención basado en umbrales de facturación, algo que sí existe en la mayoría de países de la Unión Europea. Como consecuencia, los profesionales españoles deben seguir repercutiendo y declarando el impuesto incluso en situaciones en las que sus homólogos europeos ya pueden quedar exentos.

Esta diferencia normativa, según la organización, genera inseguridad jurídica y también mayores costes de gestión para los pequeños negocios que operan en el mercado europeo. ATA estima que la implantación del régimen de franquicia del IVA podría suponer un ahorro de hasta 600 euros anuales en costes administrativos para muchos autónomos.

La federación también ha criticado la lentitud del Ejecutivo español en la transposición de directivas europeas que buscan simplificar la actividad empresarial. En palabras de Amor: “La falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos adaptados para aplicar la franquicia del IVA están generando inseguridad jurídica y discriminación frente a los autónomos europeos”.

En la práctica, la reforma europea pretende reforzar el funcionamiento del mercado único, eliminando barreras administrativas que dificultan que pequeñas empresas puedan operar en varios países. Al reducir la complejidad fiscal, la Comisión Europea busca fomentar el crecimiento de las pymes, facilitar su internacionalización y mejorar la competitividad de los negocios de menor tamaño.