La CNMC plantea límites al autoconsumo energético

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado la posibilidad de limitar la cantidad de energía procedente del autoconsumo fotovoltaico que se vierte a la red eléctrica. El objetivo de esta medida sería prevenir desequilibrios de tensión y posibles incidencias en el sistema eléctrico ante el fuerte crecimiento de las instalaciones de generación distribuida en España.

La propuesta aparece recogida en el informe elaborado por el organismo regulador sobre el proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una normativa que busca acelerar el despliegue del autoconsumo y eliminar algunas barreras administrativas para su desarrollo.

Según advierte la CNMC, el aumento progresivo de instalaciones de autoconsumo también incrementa los riesgos asociados a la estabilidad de la red. El organismo señala que las zonas con alta concentración de generación fotovoltaica y baja demanda eléctrica son especialmente sensibles a estos problemas de tensión.

La preocupación del regulador llega después del episodio registrado el 28 de abril de 2025, cuando una sobretensión derivó en un apagón eléctrico de alcance nacional que se prolongó durante varias horas. A raíz de aquel incidente, la CNMC considera necesario analizar con mayor profundidad el impacto que tendrá el crecimiento del autoconsumo energético sobre la infraestructura eléctrica española.

Actualmente, España cuenta con 11,2 gigavatios (GW) de potencia instalada de autoconsumo, de los cuales 9,1 GW corresponden a instalaciones fotovoltaicas. Sin embargo, el Gobierno pretende elevar esa cifra hasta los 19 GW en 2030, en línea con los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Uno de los puntos que más inquieta al supervisor es que las instalaciones de hasta 15 kilovatios (kW) no están obligadas a solicitar permisos de acceso y conexión a la red. Esto significa que pueden inyectar energía sin que previamente exista un estudio técnico que determine si la red puede absorber esa electricidad de forma segura y sin afectar a la calidad del suministro.

La CNMC considera que esta situación podría afectar tanto a la operación de la red como a la seguridad del sistema eléctrico. Por ello, propone revisar las obligaciones de información que deben remitir estas instalaciones al operador del sistema, con el fin de que Red Eléctrica pueda supervisar mejor su comportamiento y la demanda asociada.

El regulador alerta del impacto económico sobre el sistema

Además de las cuestiones técnicas, el organismo también ha mostrado dudas sobre algunas de las medidas incluidas en el nuevo real decreto. Entre ellas destaca la ampliación de la distancia máxima permitida para compartir energía en instalaciones de autoconsumo compartido, que pasaría de los actuales dos kilómetros a cinco kilómetros.

El Gobierno defiende esta medida como una vía para impulsar nuevos modelos de generación colectiva y facilitar el acceso al autoconsumo en polígonos industriales y zonas urbanas. Sin embargo, la CNMC recuerda que anteriores ampliaciones de distancia ya generaron advertencias relacionadas con posibles pérdidas energéticas y problemas de tensión en el transporte de electricidad.

La propuesta del Ejecutivo contempla además otras novedades, como la posibilidad de conectarse simultáneamente a dos sistemas de autoconsumo y la incorporación de la figura del gestor de autoconsumo, una demanda histórica del sector energético.

No obstante, el regulador teme que el impulso simultáneo del almacenamiento energético mediante baterías y la expansión del autoconsumo pueda provocar desequilibrios económicos en el sistema eléctrico. Según sus cálculos, si España alcanza los 19 GW de autoconsumo previstos para 2030 y toda la energía generada se consume directamente, los ingresos del sistema eléctrico podrían reducirse en unos 390 millones de euros anuales.

De esa cantidad, aproximadamente 145 millones corresponderían a peajes eléctricos y otros 248 millones a diferentes cargos regulados. La CNMC advierte de que esta situación podría afectar a la sostenibilidad financiera del sistema si no se acompaña de una planificación adecuada.

El debate sobre el desarrollo del modelo energético sostenible se intensifica así en un momento clave para la transición ecológica en España. Mientras el Gobierno apuesta por acelerar la implantación de energías renovables y fomentar el autoconsumo entre ciudadanos y empresas, el regulador insiste en la necesidad de combinar ese crecimiento con mecanismos que garanticen la estabilidad técnica y económica de la red eléctrica.