Empresarios exigen aplicar ya las reformas de la CNMC

La patronal catalana Pimec ha instado a los distintos niveles de la administración a acelerar la puesta en marcha de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para eliminar obstáculos que limitan el desarrollo del tejido empresarial. La petición se produce tras la publicación de un informe del regulador sobre las barreras que dificultan la creación y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como su acceso a la contratación pública .

En el documento la organización empresarial sostiene que el análisis de la CNMC respalda las tesis que viene defendiendo desde hace años en materia de burocracia, dimensionamiento empresarial y contratación pública. Según expone la entidad, el regulador independiente confirma que la excesiva fragmentación normativa, la sobrecarga administrativa, determinados umbrales regulatorios que penalizan el crecimiento, las dificultades para concurrir a licitaciones y la morosidad siguen afectando de forma directa a la competitividad de las pymes.

El informe subraya que las pequeñas y medianas empresas representan el 99,8% del tejido empresarial y generan el 65% del empleo, datos que ponen de relieve su peso estratégico en la economía. Desde la perspectiva de Pimec, la validación institucional de este diagnóstico por parte de la CNMC supone un respaldo relevante y refuerza la necesidad de abordar reformas estructurales que faciliten el crecimiento empresarial.

En este contexto, la patronal considera prioritario activar una Ley de impulso al crecimiento empresarial que elimine trabas regulatorias y adapte progresivamente las obligaciones a la dimensión de cada compañía. El objetivo es evitar el denominado “efecto escalón”, que desincentiva el paso de microempresa a pequeña empresa y de pequeña a mediana empresa al imponer cargas adicionales de forma abrupta. Para la organización, el reconocimiento explícito por parte del regulador de los efectos negativos de estos umbrales regulatorios incrementa la urgencia de esta iniciativa legislativa.

Reforma estructural para mejorar competitividad

Entre las medidas planteadas, Pimec reclama una reducción efectiva de la dispersión normativa y una mayor coordinación entre administraciones, con el fin de avanzar hacia un entorno regulatorio más homogéneo y previsible. Asimismo, insiste en la necesidad de eliminar cargas administrativas innecesarias y aplicar de forma real el principio de “solo una vez” en la presentación de documentación, de manera que las empresas no deban aportar reiteradamente la misma información ante diferentes organismos.

Otro de los ejes fundamentales es la reforma de la contratación pública. La entidad propone simplificar los procedimientos, dividir los contratos en lotes para facilitar el acceso de empresas de menor tamaño, suprimir requisitos desproporcionados y establecer mecanismos que promuevan una mayor participación de las pymes en las licitaciones. Desde el punto de vista empresarial, ampliar el acceso a este mercado puede convertirse en un motor de crecimiento y en una vía para diversificar ingresos.

La lucha contra la morosidad también figura entre las prioridades. Pimec plantea introducir mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los plazos de pago, incluyendo la automatización de los intereses de demora. La reducción de los retrasos en los pagos es clave para proteger la liquidez de las pymes y evitar tensiones financieras que limiten su capacidad de inversión y contratación.

En palabras del presidente de la entidad, Antoni Cañete, “No es tracta només d’un diagnòstic compartit, sinó d’una crida clara a l’acció. Cal passar de les declaracions a les reformes concretes”. Esta declaración resume el posicionamiento de la organización, que considera que el informe de la CNMC debería marcar un punto de inflexión en las políticas públicas orientadas a las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, la patronal se ha puesto a disposición del Gobierno y del resto de administraciones para colaborar en la transformación de estas recomendaciones en medidas normativas y administrativas concretas. Desde su perspectiva, avanzar en esta agenda permitiría reducir trabas, mejorar la productividad y reforzar la competitividad empresarial, elementos determinantes para consolidar el crecimiento económico en un entorno cada vez más exigente.