Los sindicatos presionan para limitar ceses en prueba

El debate sobre la estabilidad laboral en España vuelve a situarse en el centro de la agenda empresarial tras la nueva propuesta conjunta de CCOO y UGT. Ambas organizaciones han planteado una serie de medidas orientadas a reforzar la protección de los trabajadores, con especial foco en los ceses durante el periodo de prueba. Esta iniciativa, que forma parte de un paquete más amplio de reformas laborales, tiene implicaciones directas para la gestión de recursos humanos en pymes españolas y grandes compañías.

Según se recoge, desde los sindicatos consideran necesario que las empresas justifiquen las razones que motivan la finalización de un contrato durante el periodo de prueba. Actualmente, la normativa permite que tanto empleador como trabajador extingan la relación laboral sin necesidad de alegar causa ni preaviso, siempre que se realice dentro de los plazos establecidos: seis meses para titulados y dos meses para el resto de trabajadores.

Sin embargo, el contexto ha cambiado de forma significativa tras la reforma laboral de 2022, que incentivó el uso del contrato indefinido frente al temporal. Este cambio ha derivado en un incremento de las extinciones durante el periodo de prueba, generando sospechas de un uso fraudulento de esta figura como sustituto encubierto de la contratación temporal. Para los sindicatos, este fenómeno afecta directamente a la seguridad laboral y distorsiona el mercado de trabajo.

En este sentido, las organizaciones sindicales proponen “causalizar” los ceses en periodo de prueba, es decir, obligar a las empresas a explicar qué objetivos o expectativas no ha cumplido el trabajador. Esta medida introduciría un mayor nivel de transparencia y control, alineándose con el espíritu de la normativa europea. Tal como explicó el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján: “Está pendiente de transponer la directiva de condiciones transparentes de trabajo, en la que se obliga a que una vez que empiecen a trabajar conozcan los términos básicos de la prestación de servicios, nos parece que en una transposición correcta, también tendría que conocer los elementos básicos para no superar el periodo de prueba”.

Mayor control y nuevas obligaciones para las empresas

La propuesta sindical se enmarca dentro de la transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, pendiente desde hace años. Este marco normativo busca mejorar la información que reciben los trabajadores desde el inicio de la relación laboral, algo que también afectaría a la gestión interna de las empresas y a sus políticas de recursos humanos.

Para las pymes y autónomos, este posible cambio supone un reto relevante. La obligación de justificar los ceses implicaría documentar con mayor rigor los procesos de evaluación durante el periodo de prueba, así como definir claramente los criterios de desempeño desde el inicio. Esto podría traducirse en una mayor carga administrativa, pero también en una mejora de la planificación y la gestión del talento.

Además, los sindicatos no limitan sus propuestas a esta cuestión. También plantean reforzar las causas del despido una vez superado el periodo de prueba, diferenciando entre despidos justificados e improcedentes. Entre las medidas destacadas se incluye la recuperación de los salarios de tramitación —es decir, las cantidades que el trabajador habría percibido desde su despido hasta la resolución judicial—, así como la fijación de una indemnización mínima y la posibilidad de que los tribunales ajusten las compensaciones en función del daño causado.

Otro punto clave es el refuerzo del papel de la representación sindical en los procesos de despido. En línea con recientes pronunciamientos judiciales, se pretende garantizar la audiencia previa en determinados casos, lo que introduce un elemento adicional de supervisión y diálogo en las decisiones empresariales. Estas propuestas también están vinculadas a las reclamaciones presentadas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, donde los sindicatos han cuestionado la adecuación de la normativa española a la Carta Social Europea.