El absentismo laboral cuesta 62.000 millones

El fenómeno del absentismo laboral se ha consolidado como uno de los principales desafíos para el tejido empresarial en España, especialmente para las pymes y los autónomos, que suelen contar con estructuras más sensibles a cualquier disrupción en su operativa diaria. Así lo pone de manifiesto Antoni Cañete, presidente de Pimec, en una entrevista en la que analiza el impacto económico y social de las bajas laborales y otros factores que condicionan la competitividad empresarial .

Lejos de tratarse de una cuestión superficial, el absentismo —entendido en este contexto como las bajas laborales por incapacidad temporal— representa un coste agregado de aproximadamente 62.000 millones de euros en España. De esta cifra, unos 30.000 millones corresponden al ámbito público, mientras que otros 32.000 millones recaen sobre el sector privado. Este volumen evidencia la magnitud del problema y su impacto directo en la sostenibilidad del sistema productivo.

Cañete subraya la importancia de abordar esta cuestión con rigor, diferenciando entre el concepto amplio de absentismo y las bajas laborales justificadas. En este sentido, explica que “cuando por primera vez analizamos los datos de bajas laborales en incapacidad temporal, detectamos que en España están muy por encima”, con regiones como Navarra y Cataluña alcanzando tasas cercanas al 6%, frente al 1,9% de Extremadura. Esta disparidad territorial apunta a la existencia de factores estructurales que van más allá del comportamiento individual de los trabajadores.

Uno de los elementos clave identificados es la existencia de cuellos de botella en el sistema sanitario, especialmente en la atención primaria. Según el análisis de Pimec, los tiempos de diagnóstico y tratamiento en determinadas comunidades son significativamente más largos, lo que prolonga innecesariamente la duración de las bajas. “Hay un cuello de botella en el sistema sanitario”, afirma Cañete, destacando que esta situación no solo afecta a las empresas, sino también al bienestar de los propios trabajadores.

El impacto del sistema sanitario y la productividad

El debate sobre el absentismo también pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema sanitario. En este sentido, desde Pimec se ha propuesto utilizar recursos disponibles —como una partida de 60 millones de euros destinada a mejorar la gestión en los centros de atención primaria— para agilizar diagnósticos y tratamientos. Sin embargo, según Cañete, estos fondos no se están aprovechando adecuadamente, lo que limita la capacidad de respuesta ante un problema creciente.

Además, el presidente de la patronal destaca que más del 60% de las bajas de larga duración en España se concentran en Cataluña, lo que agrava aún más la situación en esta comunidad. Esta concentración implica no solo un mayor coste económico, sino también una pérdida de productividad que afecta directamente a la competitividad empresarial.

En paralelo, el contexto demográfico y laboral añade complejidad al escenario. La población activa ha disminuido en los últimos años, mientras que la creación de empleo ha continuado creciendo, lo que ha generado una dependencia creciente de la inmigración laboral. Entre 2020 y 2023, se crearon 280.000 nuevos puestos de trabajo, pero se perdieron 50.000 trabajadores registrados, lo que ha sido compensado por la llegada de aproximadamente 330.000 personas migrantes.

Cañete defiende que este proceso de regularización es necesario, pero debe իրականացarse con recursos adecuados para garantizar una integración efectiva. En sus palabras, “la inmigración es necesaria”, pero también debe ser regulada y acompañada de políticas de formación y empleo que eviten situaciones de precariedad.

Por otro lado, factores externos como la guerra en Irán están teniendo un impacto directo en los costes empresariales, especialmente en lo relativo a la energía. El encarecimiento del petróleo y su rápida traslación a los precios finales está afectando especialmente a los eslabones más débiles de la cadena, como los autónomos. Esta presión inflacionaria reduce la capacidad de consumo y, en consecuencia, frena la actividad económica.