

La recuperación del proyecto de la Línea Orbital Ferroviaria (LOF) vuelve a situar sobre la mesa una de las grandes infraestructuras pendientes en Cataluña. La iniciativa plantea conectar distintas ciudades de la segunda corona metropolitana sin necesidad de pasar por Barcelona, una medida que podría beneficiar especialmente a miles de trabajadores y pymes que dependen cada día de la movilidad interurbana.
El proyecto, impulsado inicialmente durante la etapa del tripartito en 2004 y paralizado desde 2010, ha recuperado protagonismo dentro de las negociaciones presupuestarias en Cataluña. La propuesta contempla una gran conexión ferroviaria entre municipios del Maresme, Vallès, Baix Llobregat, Penedès y Garraf, enlazando ciudades como Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca o Vilanova i la Geltrú.
La futura infraestructura tendría una longitud aproximada de 120 kilómetros, de los cuales 68 serían de nueva construcción. Además, el proyecto prevé unas 40 estaciones, incluyendo tanto paradas ya existentes de Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat como nuevas estaciones repartidas por diferentes municipios.
Uno de los principales objetivos de esta nueva conexión es descongestionar los accesos ferroviarios de Barcelona y facilitar desplazamientos transversales más rápidos entre áreas industriales y residenciales. Actualmente, muchos trabajadores deben pasar obligatoriamente por la capital catalana para desplazarse entre ciudades relativamente cercanas, lo que incrementa tiempos de viaje, costes y saturación del transporte público.
Un proyecto que busca facilitar la actividad de pymes y trabajadores
La mejora de las conexiones ferroviarias podría tener un impacto directo sobre la competitividad empresarial y la calidad de vida de miles de empleados. Muchas pymes catalanas ubicadas en polígonos industriales de la segunda corona metropolitana dependen del transporte diario de trabajadores y proveedores, por lo que una red ferroviaria más eficiente ayudaría a reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la productividad.
Según las previsiones recogidas en el proyecto, la nueva línea tendría una demanda potencial de 30 millones de usuarios anuales y beneficiaría a un área de influencia de 3,2 millones de personas. Además, se calcula que permitiría retirar cerca de 29.000 vehículos diarios de la carretera y reducir unas 45.000 toneladas anuales de emisiones de CO2.
El impacto también podría trasladarse al mercado laboral. Una mayor conectividad entre municipios facilitaría el acceso al empleo para trabajadores que actualmente encuentran dificultades para desplazarse entre diferentes áreas metropolitanas sin utilizar vehículo privado. Esto resultaría especialmente relevante en sectores industriales, logísticos y tecnológicos, donde muchas empresas se encuentran fuera de Barcelona ciudad.
Las primeras actuaciones previstas se centrarían en reforzar la actual línea R8 de Rodalies entre Granollers y Martorell, considerada el embrión de la futura orbital ferroviaria. Posteriormente se abordarían nuevos tramos entre localidades como Sabadell, Terrassa, Mataró o Vilafranca del Penedès.
El coste estimado del proyecto asciende actualmente a unos 5.200 millones de euros, una cifra superior a los cerca de 4.000 millones previstos inicialmente hace dos décadas. El objetivo es que la financiación dependa del Estado y quede integrada dentro de los futuros mecanismos de inversión en infraestructuras para Cataluña.
Pese al interés generado, algunos agentes empresariales consideran que no se trata de la infraestructura más prioritaria para Cataluña. Sin embargo, organizaciones sindicales sí defienden que la nueva línea podría marcar “un antes y un después” para la movilidad de cientos de miles de personas.
Aunque el calendario todavía está sujeto a negociaciones y fases administrativas, las previsiones apuntan a que la infraestructura no estaría completamente finalizada antes de 2040. Aun así, el proyecto vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de modernizar las conexiones ferroviarias para mejorar la movilidad de trabajadores, impulsar la actividad económica y reforzar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas fuera de los grandes núcleos urbanos.








