La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio de 2025, y las ayudas se adjudicarán en función del orden de llegada, siempre que se cumplan los requisitos
La creciente tensión entre España y Venezuela, cuya escalada ha aumentado con la última denuncia por parte del gobierno venezolano de haber detenido a miembros del CNI presuntamente intentando perpetrar un golpe de estado en colaboración con la CIA norteamericana, situación desmentida por el gobierno español, está poniendo en riesgo 1.000 millones de euros que Repsol tiene comprometidos en el país sudamericano.
La petrolera española, la más afectada por la situación, cuenta con una exposición patrimonial de 259 millones de euros en Venezuela, además de créditos por 800 millones pendientes de cobro a la estatal PDVSA. A pesar de los esfuerzos para mitigar estos riesgos, como la provisión de 339 millones de euros en 2023 para posibles pérdidas, la situación sigue siendo incierta.
Repsol ha estado operando en Venezuela durante años, reconociendo el alto riesgo debido a la inestabilidad política y económica. En un contexto de inflación superior al 190% y contracción del PIB, la petrolera ha logrado reducir su exposición en Venezuela, pasando de 411 millones en 2022 a los actuales 259 millones. No obstante, las tensiones actuales podrían agravar la situación de la empresa si las relaciones diplomáticas entre los dos países se deterioran aún más.
Uno de los principales problemas radica en los créditos otorgados a PDVSA, que están siendo cobrados por Repsol en forma de envíos de hidrocarburos. Desde 2016, ambos firmaron un acuerdo que permitió a Repsol financiar hasta 1.200 millones de dólares en operaciones conjuntas, con la posibilidad de cobrar y repatriar dividendos en forma de petróleo. Sin embargo, este acuerdo, que en su momento parecía una vía de solución, se ha convertido en una trampa financiera difícil de escapar.
Nuevo acuerdo en vilo
En 2023, Repsol y PDVSA firmaron un nuevo acuerdo de gestión para aumentar la producción de su empresa conjunta, Petroquiriquire, con el objetivo de facilitar la recuperación de la deuda. Sin embargo, el complicado entorno político y las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, han dificultado el panorama para la petrolera española.
A pesar de estos desafíos, las acciones de Repsol han mostrado una leve recuperación en la bolsa, subiendo un 0,5% y alcanzando los 11,86 euros por acción. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta, y el futuro de los activos de la empresa en Venezuela depende en gran medida de la evolución de las relaciones diplomáticas y del panorama económico del país latinoamericano.
Entretanto, Venezuela ya había llamado a consultas a su embajador, mientras que altos cuadros de la cúpula del gobierno en caracas habían pedido romper vínculos comerciales, lo que para muchos analistas podría suponer desde bloqueos e incautaciones, hasta expropiaciones o incluso confiscaciones.
Con una exposición neta de 377 millones de euros, la empresa se enfrenta al riesgo de perder una parte importante de su hucha de provisiones. De continuar la escalada de tensiones, Repsol deberá enfrentarse a un entorno de negocios aún más complicado, con posibles pérdidas significativas en su balance y una mayor presión para gestionar su situación en Venezuela.
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