La OCDE pide un mercado eléctrico integrado en la UE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha puesto sobre la mesa un diagnóstico claro: la competitividad de la Unión Europea está lastrada por los altos costes energéticos, y la solución pasa por un mercado eléctrico más integrado. Según el organismo, este paso es imprescindible para reducir precios, alinear mejor la oferta y la demanda y, en consecuencia, reforzar la posición de la industria europea en el escenario global.

En su más reciente Estudio económico de la Unión Europea y la zona euro, la OCDE señala que «se debería dar prioridad a las conexiones transfronterizas a la red», como las interconexiones en el mar del Norte y entre Francia y España. Estas infraestructuras no solo permitirían aprovechar los excedentes de electricidad en determinadas regiones, sino también reducir las desigualdades entre países con mayor o menor disponibilidad de recursos energéticos.

El organismo advierte de que «reducir los costes de la electricidad es un reto clave». Para lograrlo, considera imprescindibles reformas estructurales que reduzcan la elevada carga impositiva sobre la electricidad, amplíen las interconexiones y fortalezcan la competencia en los mercados minoristas. En la actualidad, los impuestos aplicados a la electricidad son relativamente altos frente a los de los combustibles fósiles, lo que reduce los incentivos hacia la electrificación de la economía.

Subinversión en redes y falta de visión paneuropea

El estudio alerta de un problema crónico de subinversión en infraestructuras eléctricas transfronterizas. Las inversiones anunciadas para 2030 cubren solo una cuarta parte de los 6.000 millones de euros anuales necesarios —equivalentes al 0,03% del PIB europeo—. La dificultad reside en que estos proyectos a menudo no son rentables para los operadores nacionales, debido a la falta de armonización regulatoria y a los desacuerdos en el reparto de costes.

Para la OCDE, la financiación comunitaria puede ser la vía para superar este bloqueo. Sin embargo, el principal instrumento disponible, el Mecanismo Conectar Europa, cuenta con un presupuesto anual de menos de 1.000 millones de euros (el 0,006% del PIB comunitario). Esta brecha entre necesidades y recursos disponibles refleja la urgencia de una reasignación de fondos europeos hacia las interconexiones energéticas.

La gobernanza actual tampoco favorece una visión estratégica compartida. La Red Europea de Operadores de Redes de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E) y la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) disponen de un enfoque más paneuropeo, pero no tienen la capacidad de proponer proyectos de interconexión. En palabras de la OCDE, «el predominio de los intereses nacionales en la propuesta y selección de proyectos desincentiva la inversión más eficiente en redes transfronterizas». La solución pasaría por reforzar el papel de ACER, otorgándole capacidad de proponer directamente iniciativas de inversión.

Competencia y precios: un mercado aún fragmentado

Más allá de la infraestructura, la OCDE identifica una asignatura pendiente en el ámbito de la competencia en los mercados eléctricos. En muchos países europeos, la competencia en el segmento minorista sigue siendo reducida, lo que impide que las bajadas en los precios mayoristas —impulsadas por la generación renovable— se trasladen a los consumidores finales.

«Esto es una señal de que los mercados no están funcionando correctamente», subraya el informe. Parte del problema radica en la regulación nacional de precios minoristas, que mantiene tarifas por debajo de los niveles de mercado. Aunque esta política puede proteger temporalmente a los consumidores, desincentiva la inversión en generación baja en carbono y fragmenta el mercado a nivel europeo.

La UE ya exige a los Estados miembros avanzar en la eliminación de estas tarifas reguladas, salvo en casos excepcionales para hogares vulnerables. Para la OCDE, la pobreza energética debe abordarse mediante medidas directas, como transferencias sociales o créditos fiscales, y no a través de distorsiones en los precios.

Asimismo, el informe recomienda eliminar gradualmente los tipos reducidos y exenciones fiscales para los combustibles fósiles. Esta medida permitiría corregir el desequilibrio actual, donde la electricidad soporta una carga fiscal superior al gas, limitando la transición hacia un modelo energético más electrificado y sostenible.