Servicios públicos de empleo pierden peso en España

El mercado laboral español continúa mostrando importantes desequilibrios estructurales, y uno de los más relevantes es la limitada eficacia de los servicios públicos de empleo. A pesar de su papel teórico como herramienta clave para la inserción laboral, los datos más recientes reflejan una pérdida progresiva de relevancia frente a otros actores, especialmente en un contexto donde la intermediación laboral resulta fundamental para mejorar la eficiencia del sistema.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2025 únicamente 319.700 trabajadores encontraron su empleo a través de los servicios públicos, lo que representa un descenso del 9,8% respecto al año anterior. Este volumen equivale a apenas el 1,7% del total de asalariados, el nivel más bajo registrado desde 2015. Estas cifras ponen de manifiesto una desconexión entre las políticas activas de empleo y las necesidades reales del mercado laboral.

El retroceso resulta especialmente significativo si se analiza en perspectiva histórica. Incluso en momentos de menor desempleo, como en 2007, estos organismos lograban intermediar en la contratación de más de medio millón de personas, alcanzando el 3,2% del total. Tras la pandemia, se había observado una leve recuperación, con 354.500 colocaciones en 2024, pero la tendencia positiva no se ha consolidado.

Esta situación evidencia que la ambiciosa Ley de Empleo aprobada recientemente no ha conseguido equiparar el papel de los servicios públicos españoles al de países como Alemania o Francia. A pesar de los esfuerzos institucionales, su impacto real en la búsqueda de empleo sigue siendo limitado, lo que plantea dudas sobre la eficacia de la gestión descentralizada entre comunidades autónomas y el SEPE.

Uno de los argumentos habituales desde la administración es que su función va más allá de la mera intermediación directa. Estos organismos también desarrollan tareas de formación, recualificación y orientación profesional, que pueden facilitar la inserción laboral de forma indirecta. Sin embargo, los datos reflejan que esta percepción no es compartida por los trabajadores, ya que la EPA mide específicamente la participación directa en la obtención del empleo.

Las ETT consolidan su ventaja en la intermediación laboral

En contraste con los servicios públicos, las empresas de trabajo temporal (ETT) continúan demostrando una mayor capacidad para conectar oferta y demanda de empleo. En 2025, estas compañías facilitaron la contratación de 726.100 trabajadores, más del doble que los servicios públicos, representando el 3,9% del total de asalariados.

Aunque las ETT también experimentaron una ligera caída en su actividad —con descensos del 1,1% en 2025 y del 4,4% en 2024—, su posición sigue siendo claramente dominante dentro del ámbito de la intermediación laboral privada. Esta diferencia se traduce en una brecha del 127,2% respecto a los servicios públicos, la mayor de toda la serie histórica.

Un aspecto relevante es que este desempeño se produce en un entorno regulatorio que, en principio, podría haber limitado su actividad. La reforma laboral ha priorizado la contratación indefinida y ha desincentivado la temporalidad, que tradicionalmente ha sido el principal ámbito de actuación de las ETT. No obstante, la introducción de mecanismos como los contratos fijos discontinuos ha permitido a estas empresas adaptarse y mantener su competitividad.

Desde una perspectiva empresarial, este escenario plantea importantes implicaciones. La baja eficacia de los servicios públicos limita la capacidad de las empresas para acceder a talento a través de canales institucionales, lo que obliga a recurrir en mayor medida a intermediarios privados o a estrategias propias de captación.

Para el conjunto de la economía, esta situación también supone un reto en términos de eficiencia del mercado laboral. Una intermediación poco eficaz puede generar desajustes entre oferta y demanda, incrementar los periodos de desempleo y reducir la productividad general, aspectos especialmente críticos en un contexto de transformación económica y digitalización.

Además, la limitada capacidad de los servicios públicos para facilitar la inserción laboral puede afectar de forma más intensa a colectivos vulnerables, como jóvenes, parados de larga duración o trabajadores con menor cualificación. En estos casos, la falta de acompañamiento efectivo dificulta la mejora de la empleabilidad y agrava las desigualdades.