España acelera para no perder 25.000 millones europeos

España afronta la recta final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una importante cantidad de recursos europeos todavía pendiente de desbloqueo. A tan solo tres meses de que expire el plazo fijado por la Unión Europea, el Gobierno mantiene abiertos expedientes vinculados a cerca de 25.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU, una cifra que representa aproximadamente una cuarta parte del total asignado al país.

Durante una intervención en el Senado, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró que España se encuentra en la “última milla” de ejecución del programa y reiteró el compromiso del Ejecutivo de aprovechar al máximo los recursos todavía disponibles. El responsable económico destacó que el país sigue liderando en la Unión Europea el cumplimiento de hitos y objetivos vinculados al mecanismo de recuperación comunitario.

Actualmente, España ha completado 265 hitos y objetivos y espera que la Comisión Europea valide próximamente otros 80 compromisos adicionales asociados a la solicitud del sexto desembolso. Esa petición, presentada en marzo, asciende a más de 7.200 millones de euros brutos y combina ayudas directas y préstamos vinculados a nuevas reformas y actuaciones.

Si Bruselas da luz verde a este nuevo tramo de financiación, el país habrá alcanzado aproximadamente el 75% de los fondos contemplados en su programa nacional. Sin embargo, aún quedarían pendientes cerca de 24.400 millones de euros, repartidos entre subvenciones y créditos, que deberán justificarse y solicitarse antes del cierre definitivo del mecanismo europeo.

La fecha clave es el 31 de agosto de 2026. Ese día concluye el plazo establecido por la Unión Europea para ejecutar los proyectos y cumplir los compromisos asociados a los fondos Next Generation. Según ha reconocido el propio Gobierno, este calendario no admite prórrogas, por lo que los próximos meses serán determinantes para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos comunitarios.

Las pymes siguen siendo las principales beneficiarias

Uno de los aspectos más relevantes del programa es el impacto que está teniendo sobre el tejido empresarial español. De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Economía, cerca del 70% de los beneficiarios finales de las ayudas son pymes y micropymes, lo que confirma el papel central de estas empresas dentro de la estrategia de modernización impulsada por Bruselas.

Hasta el momento se han movilizado alrededor de 74.800 millones de euros mediante distintas convocatorias públicas, de los cuales aproximadamente 67.000 millones ya han sido adjudicados. Además, cerca del 40% de estos fondos han sido gestionados por las comunidades autónomas, reforzando la capilaridad territorial de las inversiones.

No obstante, el tramo final del programa presenta importantes desafíos. La capacidad legislativa del Gobierno se ha visto condicionada por la falta de mayorías parlamentarias estables, una circunstancia que ha dificultado la aprobación de determinadas reformas comprometidas con Bruselas. Para facilitar el cumplimiento de los objetivos pendientes, el Ejecutivo ha renegociado algunos aspectos del plan, sustituyendo varias medidas que requerían aprobación parlamentaria por actuaciones que pueden impulsarse directamente desde el ámbito gubernamental.

Aun así, existen compromisos que siguen sin completarse. Entre ellos figura la equiparación fiscal del diésel y la gasolina, una medida cuya falta de ejecución ya ha tenido consecuencias económicas para España. También permanecen pendientes otros ajustes fiscales comprometidos con la Comisión Europea que podrían afectar al importe final de los recursos que el país llegue a percibir.

Otro elemento relevante es la decisión adoptada por el Gobierno de reducir significativamente el volumen de préstamos solicitados dentro del programa. España ha renunciado a aproximadamente 60.000 millones de euros en créditos blandos inicialmente previstos, argumentando que las condiciones económicas actuales son diferentes a las existentes durante la crisis derivada de la pandemia y que las prioridades se han centrado en las reformas asociadas a las ayudas directas.

Según las estimaciones oficiales, el impacto económico de los fondos europeos ya habría contribuido con alrededor de dos puntos al crecimiento del PIB español y podría alcanzar los 3,5 puntos acumulados hasta 2030. Para las empresas españolas, especialmente para las pymes, el desenlace de estos últimos meses será decisivo, ya que determinará el volumen final de inversiones, subvenciones y proyectos de transformación digital, sostenibilidad e innovación que podrán desarrollarse con apoyo comunitario.