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El control de la Agencia Tributaria se ha intensificado con la implementación de la Ley Crea y Crece de 2022, que hace obligatoria la factura electrónica. Entre las novedades introducidas destaca el código QR que debe figurar en las facturas de autónomos y negocios a partir de este 2024.
Este nuevo reglamento busca brindar mayor transparencia y control en las transacciones comerciales. Con el código QR estandarizado, los clientes tendrán la posibilidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los autónomos, mientras que la Agencia Tributaria dispondrá de información detallada sobre cada operación.
La Ley Antifraude se propone transformar el proceso de facturación, incorporando además del código QR, una huella de la factura anterior. Desde hace dos años, se venía preparando este cambio con el objetivo de prevenir el fraude fiscal. La implementación de sistemas y programas informáticos destinados a facilitar la emisión de facturas con código QR era el último paso necesario para completar esta medida.
Este nuevo método de control no solo se aplicará a los autónomos, sino también a los negocios dedicados a la producción y comercialización de bienes, aunque con una demora de nueve meses desde la aprobación de la orden correspondiente. Los demás trabajadores autónomos deben tener sus sistemas de facturación adaptados antes del 1 de julio de 2025.
El código QR se convierte en una herramienta clave en la lucha contra el fraude fiscal. Al incluirlo en las facturas, los clientes pueden acceder a información proporcionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, facilitando así la verificación de la legitimidad del negocio y su cumplimiento de obligaciones fiscales. Este mecanismo también brinda seguridad al pequeño empresario, permitiéndole deducirse las cantidades correspondientes con la certeza de que la transacción está bajo el escrutinio de la Agencia Tributaria. La introducción del código QR no solo simplifica el proceso de fiscalización, sino que también actúa como una barrera adicional contra posibles prácticas fraudulentas en el ámbito empresarial.
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