El gasto en bajas médicas presiona las cuentas públicas

La dificultad para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado está teniendo un efecto directo sobre la gestión diaria del gasto público. Desde 2023, los ministerios operan con un presupuesto inicial prácticamente congelado, lo que obliga a recurrir de forma sistemática a modificaciones para atender partidas cuyo crecimiento resulta inevitable. En este contexto, la Seguridad Social se ha convertido en uno de los principales focos de tensión presupuestaria, especialmente por el fuerte avance del gasto en incapacidad temporal.

Las cifras más recientes reflejan que el desembolso asociado a las bajas médicas mantiene una tendencia claramente ascendente. En 2025, el gasto vinculado a esta prestación registra un incremento interanual del 11%, superando por primera vez la barrera de los 17.000 millones de euros. En concreto, el presupuesto destinado a cubrir estas situaciones alcanza ya los 17.093 millones, una cifra superior a los 16.463 millones ejecutados durante todo 2024. Este aumento se produce pese a que los presupuestos iniciales no han variado, lo que explica la necesidad de realizar modificaciones por valor de 5.328 millones de euros solo en esta partida.

En términos de volumen, la incapacidad temporal concentra el 81% de todas las modificaciones realizadas dentro del nivel contributivo de la Seguridad Social. Si se amplía el foco a las prestaciones no contributivas, la proporción sigue siendo muy elevada, situándose en el 48%. Estos datos evidencian hasta qué punto las bajas médicas se han convertido en uno de los principales motores del crecimiento del gasto social en España, con un impacto directo sobre las cuentas públicas y sobre las cotizaciones empresariales.

Aumento sostenido de bajas y mayor impacto económico

El gasto en incapacidad temporal se reparte entre contingencias comunes y profesionales. Las primeras incluyen enfermedades o accidentes no relacionados con la actividad laboral, mientras que las segundas se derivan directamente del trabajo, como accidentes laborales o enfermedades profesionales. La mayor parte del desembolso corresponde a las contingencias comunes, que acumulan un presupuesto de 15.735 millones de euros y han requerido 5.209 millones adicionales respecto a la dotación inicial.

Este incremento presupuestario está estrechamente ligado al aumento del número de bajas. Según las estadísticas de la Seguridad Social, las horas no trabajadas por incapacidad temporal han crecido un 73% desde 2019, muy por encima del aumento del 17% registrado en el total de horas cotizadas durante el mismo periodo. Una evolución similar se observa en los días cotizados: mientras el total avanza un 16%, los días de baja se disparan un 70% al comparar los segundos trimestres de 2019 y 2025. Para pymes y autónomos, esta tendencia supone un doble reto, ya que impacta tanto en la productividad como en el coste indirecto de las cotizaciones.

Más allá de la incapacidad temporal, el fenómeno de las modificaciones presupuestarias se extiende al conjunto de las prestaciones sociales. El 91,5% de las gestionadas por la Seguridad Social ha necesitado financiación adicional y, a octubre, un 80% ya ha superado el gasto total ejecutado en 2024. En conjunto, el Ministerio ha tenido que modificar sus cuentas por un importe cercano a los 11.000 millones de euros, de los cuales 6.569 millones corresponden a prestaciones contributivas y 4.430 millones al nivel no contributivo.

Dentro del ámbito contributivo, la segunda partida que más recursos adicionales ha requerido es la prestación por nacimiento y cuidado del menor, embarazo y lactancia, con una modificación de 936 millones de euros, en parte vinculada a la ampliación reciente de permisos aprobada en agosto. Le siguen las pensiones contributivas, que han necesitado 190 millones extra hasta octubre, impulsadas principalmente por el gasto en jubilación.

Aunque las pensiones todavía no han superado el gasto total de 2024, siguen siendo la partida más voluminosa del sistema. Hasta octubre, el presupuesto destinado a jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad asciende a 159.716 millones de euros, lo que representa el 78,8% de todo el desembolso del Ministerio de Ministerio de Seguridad Social.

En el nivel no contributivo, destacan el complemento a mínimos de las pensiones y el ingreso mínimo vital, que han necesitado 1.300 y 2.200 millones adicionales respectivamente. En términos macroeconómicos, el gasto en protección social ya equivale al 18,7% del PIB, manteniendo una senda creciente. Según explica Miguel Ángel García, experto de Fedea, “mantiene la tendencia de años anteriores, cada vez con más gasto en pensiones”. Actualmente, estas suponen el 12,9% del PIB y el 30,4% del gasto público total, una evolución que plantea importantes desafíos para la sostenibilidad del sistema y para el entorno empresarial.