
La Ley 15/2022 permite declarar nulo un despido tras una baja médica si se demuestra discriminación. Los tribunales aplican criterios dispares.
La patronal catalana Pimec ha manifestado su respaldo al plan aprobado recientemente por el Govern de la Generalitat de Cataluña para mejorar la gestión y evaluación de los procesos de incapacidad temporal (IT). Esta medida, impulsada desde el ámbito sanitario, tiene como objetivo afrontar el preocupante aumento de las bajas laborales, en especial aquellas derivadas de contingencias comunes.
Desde la entidad empresarial se valora como un avance significativo la inclusión de algunas de sus propuestas en el paquete de medidas. Entre ellas, destaca la mejora de los servicios de atención primaria y del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), organismos clave en la tramitación y seguimiento de los procesos de incapacidad.
El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha subrayado que esta necesidad es especialmente urgente en Cataluña, donde la incidencia de las bajas por enfermedad común cerró el año 2024 con 52 puntos en el régimen general, cifra que solo supera Navarra con 56,3 puntos. Este dato contrasta notablemente con los 11,5 puntos registrados en el régimen de autónomos, poniendo en evidencia la disparidad existente entre los distintos regímenes laborales. Pimec también ha reiterado su petición de reforzar los mecanismos de control de la incapacidad temporal. Para ello, considera clave acelerar la formalización de convenios con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, con el fin de optimizar la utilización de la infraestructura sanitaria y garantizar un seguimiento más eficiente de las bajas.
Además, la patronal insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a avanzar en la implementación de nuevas modalidades de baja, como las bajas flexibles, parciales o progresivas, ya implantadas en numerosos países europeos. Estas fórmulas permitirían una reincorporación más ágil y adaptada de los trabajadores, con beneficios tanto para el bienestar del empleado como para la productividad empresarial.
Los costes asociados a las bajas laborales no son menores. Según datos del Observatori de la Pime de Catalunya, el coste anual medio por trabajador para las empresas asciende a 2.565 euros, lo que representa un 6,4% del coste laboral anual total. Si se tienen en cuenta también los costes indirectos, como los complementos a las prestaciones y las cotizaciones asumidas por las empresas, además del coste de oportunidad por la pérdida de ingresos, el impacto económico total supera los 27.956 millones de euros anuales en Cataluña, equivalentes al 9,55% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.
Desde Pimec han confirmado que seguirán con atención la evolución de estas nuevas medidas, en un contexto en el que la tendencia al alza de las bajas laborales representa un reto creciente tanto para las empresas, como para el sistema sanitario. La organización considera fundamental que se mantenga una colaboración efectiva entre el sector público y el privado, y que se implementen soluciones innovadoras que favorezcan tanto la salud de los trabajadores como la competitividad del tejido productivo catalán.
La Ley 15/2022 permite declarar nulo un despido tras una baja médica si se demuestra discriminación. Los tribunales aplican criterios dispares.
El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 225.000 euros. El Real Decreto contempla mecanismos para reconocer públicamente a las que destaquen por su compromiso.
"digitalización empresarial", "expansión internacional" y "sostenibilidad para pequeñas empresas" son algunos de los focos que definen este proyecto,
Así lo ha asegurado el ministro de Finanzas en una reciente entrevista con Financial Times, donde destacó el rol estratégico del país como exportador de materias primas
Según datos del Observatori de la Pime de Catalunya, el coste anual medio por trabajador para las empresas asciende a 2.565 euros, 6,4% del coste laboral anual total
El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 225.000 euros. El Real Decreto contempla mecanismos para reconocer públicamente a las que destaquen por su compromiso.