La inflación refuerza el reto de la productividad empresarial

La evolución del IPC de noviembre confirma que la inflación en España sigue siendo un desafío relevante para el tejido empresarial, especialmente para pymes y autónomos, que operan con márgenes cada vez más ajustados. Según la valoración publicada por Pimec, el índice general de precios se redujo una décima respecto a octubre y se situó en el 3,0% interanual, lo que podría apuntar a un cambio de tendencia tras los repuntes iniciados en mayo. Sin embargo, esta moderación es todavía limitada y no permite hablar de un giro estructural del ciclo inflacionario.

Desde una perspectiva comparada, el dato español continúa por encima tanto del objetivo de inflación a largo plazo del Banco Central Europeo, fijado en el 2,0%, como del promedio de la Unión Monetaria, que se sitúa en torno al 2,2%. Esta divergencia de precios con Europa no es menor, ya que puede traducirse en una pérdida progresiva de competitividad empresarial, especialmente en sectores intensivos en costes internos y servicios.

El análisis de los componentes del IPC muestra que la evolución de noviembre estuvo marcada por incrementos relevantes en los precios de la vivienda, que crecieron un 5,7% interanual, impulsados principalmente por el encarecimiento de la calefacción, la electricidad y el suministro de agua. También destacan las subidas en hostelería y restauración (4,5%) y en bebidas alcohólicas y tabaco (4,3%). En contraste, otros grupos como vestido y calzado apenas registraron variaciones, lo que evidencia una dinámica inflacionaria desigual.

Un aspecto especialmente relevante para las empresas es la evolución de la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos frescos. En noviembre, este indicador aumentó hasta el 2,6%, situándose por debajo del índice general, pero aún por encima del objetivo del BCE. Este dato sugiere que las presiones de fondo sobre los precios persisten y que la moderación observada responde más a factores coyunturales que a mejoras estructurales.

Divergencia con Europa y presión sobre los costes

En el contexto europeo, la inflación armonizada presenta un comportamiento más cercano al equilibrio, con una energía en tasas negativas y unos servicios que siguen presionando al alza. En España, sin embargo, el IPCA se mantiene claramente por encima de la media europea, ampliando el diferencial de precios. Si esta brecha se consolida en el tiempo, el ajuste podría recaer sobre salarios y márgenes empresariales, un escenario poco favorable para la sostenibilidad de las pymes.

Ante esta situación, Pimec insiste en la necesidad de orientar las políticas económicas y empresariales hacia mejoras de eficiencia, inversión y productividad, especialmente en aquellos ámbitos donde la inflación resulta más persistente. Para las pequeñas y medianas empresas, esto implica avanzar en procesos de digitalización, optimización de recursos y revisión de modelos organizativos que permitan absorber mejor el impacto de los costes.

El entorno empresarial también está condicionado por debates regulatorios de gran calado, como la posible reducción de la jornada laboral o la negociación del salario mínimo interprofesional. Estas cuestiones, previstas para marcar la agenda de 2026, pueden tener un impacto directo en los costes laborales y en la organización interna de las empresas, por lo que resulta clave abordarlas desde una perspectiva de impacto económico real y adaptación sectorial.

En paralelo, la política monetaria del BCE previsiblemente seguirá una senda de prudencia. Aunque la inflación agregada de la zona euro se acerca al 2%, la persistencia de tensiones en los servicios y en la inflación subyacente apunta a una normalización lenta. Las previsiones actuales sitúan los tipos de interés cerca de los niveles actuales durante buena parte de 2026, con posibles ajustes a la baja muy graduales si se consolida la moderación de precios.

A todo ello se suma un proceso de transición regulatoria que afecta directamente a la gestión diaria de las empresas. Las iniciativas europeas para simplificar el reporting de sostenibilidad y el aplazamiento hasta 2027 de la implantación obligatoria de VeriFactu alivian parcialmente la carga a corto plazo, pero mantienen el reto de fondo: avanzar en digitalización para ganar eficiencia y reducir costes administrativos.