El crédito al consumo se endurece para proteger a autónomos

El acceso a financiación se ha convertido en uno de los grandes retos estructurales para los autónomos y las pymes en España. En este contexto, el Gobierno ha dado un paso relevante con la aprobación de un anteproyecto de Ley que regulará los créditos al consumo, un tipo de financiación al que recurren con frecuencia pequeños empresarios ante la falta de alternativas bancarias tradicionales. La reforma, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, se alinea además con una nueva directiva comunitaria que la Unión Europea prevé aplicar a partir de noviembre de 2026.

La iniciativa busca reforzar la protección financiera, limitar los intereses abusivos de productos como los microcréditos o las tarjetas revolving y mejorar la transparencia en un mercado que ha crecido con fuerza en los últimos años. No es un dato menor: en noviembre de 2025, el volumen del crédito al consumo alcanzó los 114.000 millones de euros, alrededor del 15% del crédito total concedido a hogares y negocios, marcando un máximo histórico. Este crecimiento explica la urgencia de una regulación más estricta, especialmente para colectivos con menor capacidad de negociación, como los trabajadores por cuenta propia.

La reforma impulsada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa transpone dos directivas europeas y se completa con un real decreto que entrará en fase de audiencia pública. Según explicó el ministro Carlos Cuerpo, el objetivo es “proteger al consumidor, evitar el sobreendeudamiento y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas”, una declaración que conecta directamente con la realidad de muchos autónomos que utilizan financiación rápida para cubrir tensiones de tesorería.

Límites a intereses y mayor control sobre microcréditos

Uno de los ejes centrales de la nueva normativa es la fijación de límites claros a los costes del crédito al consumo. De forma transitoria, hasta la entrada en vigor definitiva del real decreto, se establece un tope general del 22%. Posteriormente, el Banco de España publicará trimestralmente los límites máximos aplicables, que serán decrecientes en función del importe solicitado: cuanto mayor sea el crédito, menor será el coste permitido.

Esta medida tendrá un impacto directo en las tarjetas revolving, uno de los productos más controvertidos del mercado financiero. Los nuevos límites no solo afectarán a los contratos futuros, sino también al stock existente. Según cálculos oficiales, uno de cada cuatro préstamos asociados a este tipo de tarjetas deberá revisarse a la baja, lo que podría aliviar la carga financiera de miles de autónomos atrapados en cuotas que apenas reducen la deuda principal.

En el caso de los microcréditos y préstamos de alto coste, la regulación va aún más lejos. Se limita el interés mensual al 4% y la comisión máxima de apertura al 5% o 30 euros. Además, se establecen un mínimo de tres cuotas mensuales, restricciones a los costes por amortización anticipada y un plazo mínimo de 24 horas para la aprobación del crédito, con el objetivo de frenar decisiones impulsivas. Estas operaciones, aunque solo representan el 0,5% del volumen total, concentran cerca del 9% de las operaciones, lo que evidencia su elevado impacto en colectivos vulnerables.

Otro cambio relevante es que solo podrán conceder créditos al consumo las entidades autorizadas por el Banco de España. Los prestamistas de alto coste quedarán, además, sujetos a un régimen especial de conducta, reforzando la supervisión y la responsabilidad en la concesión de financiación.

Las medidas nacionales se complementan con la nueva Directiva Europea de Crédito al Consumo (CCD2), que entrará en vigor en noviembre de 2026. Esta normativa amplía el ámbito de aplicación del marco regulatorio para adaptarse a los nuevos modelos digitales, incluyendo productos que hasta ahora quedaban en una zona gris: microcréditos, financiación sin intereses, fórmulas de “compra ahora y paga después” y préstamos a corto plazo. La directiva también refuerza la evaluación de solvencia y las reglas sobre decisiones automatizadas, cada vez más habituales.

Para Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas de España, esta directiva era “absolutamente necesaria” y llega incluso con retraso. Pedraza advierte de que los tipos anuales equivalentes de algunas tarjetas pueden superar el 20%, con condiciones “leoninas” y, en ciertos casos, perseguibles. A su juicio, tanto Europa como España están abordando un problema estructural: la falta de transparencia y la omnipresente “letra pequeña” que dificulta comprender el verdadero coste de la financiación.