PIMEC reclama ley que impulse la reindustrialización Pyme

El presidente del Área de Industria y Nueva Economía de PIMEC, Josep Soto, ha comparecido en la comisión de Industria del Congreso de los Diputados, donde ha manifestado que para mejorar la competitividad industrial “hay que potenciar el crecimiento empresarial, facilitar el acceso a la financiación, reducir cargas administrativas y fomentar la cooperación entre empresas”. En este sentido, Soto ha destacado la importancia estratégica del sector industrial para impulsar el crecimiento económico, generar empleo estable y ha enfatizado que debe verse “como un eje vertebrador que multiplica sus efectos sobre otros sectores económicos y genera un impacto indirecto mucho mayor de lo que suele percibirse”.

A lo largo de su intervención, ha alertado sobre las dificultades específicas de las pymes industriales para crecer e innovar, destacando las barreras en el acceso a la financiación y mercados exteriores, la dependencia de las grandes corporaciones, la excesiva burocracia y unos costes energéticos que lastran su competitividad. Además, ha advertido que la insuficiente calidad de las infraestructuras industriales—polígonos, accesos o fibra óptica—no responde al peso real que estas empresas tienen en el valor añadido del país.

Ante estos retos, Soto ha pedido medidas concretas para simplificar los trámites administrativos, reducir costes energéticos y mejorar las infraestructuras en los polígonos y zonas industriales. También, ha subrayado la necesidad de impulsar la Formación Profesional para adecuarla a las demandas reales de las empresas industriales, así como de flexibilizar la regulación, facilitando la inversión en innovación y modernización tecnológica adaptada a la realidad de las pymes, para mejorar así su competitividad global y acelerar la reindustrialización.

Las enmiendas de PIMEC a la nueva Ley de Industria

Josep Soto ha destacado ante los grupos parlamentarios que esta Ley debería tener en cuenta los ejes del informe Draghi en relación con la coordinación y la gobernanza, para tener en cuenta la diversidad empresarial, la reducción de cargas administrativas, la necesidad de inversiones masivas para la reindustrialización de Europa, y más flexibilidad regulatoria. A continuación, ha presentado las enmiendas de PIMEC a la norma, comenzando por la gobernanza y representación de las pymes en los órganos de decisión: “Hay que garantizar la representación efectiva de las pymes en todos los órganos consultivos y de toma de decisiones, incluyendo a las organizaciones empresariales más representativas a nivel autonómico, con el fin de garantizar la participación del tejido productivo real”.

Seguidamente, ha hablado de simplificación administrativa y agilización de los trámites, destacando la necesidad de fomentar una regulación más eficiente y menos burocrática. “Proponemos crear un programa específico que establezca ventanillas únicas empresariales y reclamamos el reconocimiento de informes de idoneidad técnica elaborados por profesionales acreditados”, ha añadido. Sobre el apoyo a las pymes en la modernización industrial y el acceso a ayudas, ha defendido la creación de líneas específicas adaptadas a su realidad, ayudas públicas con mecanismos de financiación más flexibles, e incluir la modernización de polígonos industriales como un objetivo clave de la ley para garantizar infraestructuras adecuadas y su adaptación a las exigencias ambientales y de seguridad.

En relación con la importancia de las mejoras en la regulación de la calidad y la seguridad industrial, ha destacado la necesidad de reforzar los estándares de calidad y garantizar que los organismos de certificación y acreditación sean imparciales y transparentes. En este sentido, ve oportuno que las entidades y empresas responsables de la certificación de seguridad y calidad estén debidamente acreditadas y ha solicitado la creación de la figura del responsable de seguridad industrial dentro de las empresas, con un marco normativo claro sobre sus funciones.

Finalmente, ha abordado el régimen sancionador contra la morosidad: “Urge reducir el plazo para comunicar cierres o reducciones de actividad, ya que el período de 9 meses es inasumible para una pyme”, ha asegurado antes reclamar una excepción para que las micro y pequeñas empresas no tengan la obligación de mantener la actividad durante el período de análisis de reindustrialización. Además, ha propuesto reducir los períodos de reincidencia en infracciones graves o muy graves, así como reducir el período máximo de suspensión de actividades por infracciones muy graves de 5 a 3 años.