Se retrasa las compensaciones a daños por el apagón

El gran apagón eléctrico del pasado lunes 28 de abril ha dejado una huella profunda en la economía real. Más allá de la espectacularidad del “cero eléctrico” que paralizó durante horas buena parte del país, el impacto más severo ha recaído sobre los autónomos, pymes y pequeños comercios, cuya capacidad de reacción ante este tipo de crisis es mucho más limitada que la de las grandes compañías, respaldadas por grupos electrógenos y protocolos de contingencia. Según estimaciones de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), las pérdidas superan los 1.300 millones de euros, derivados principalmente de productos perecederos estropeados —especialmente en supermercados y hostelería—, interrupciones en la actividad profesional, daños en equipos eléctricos y, por supuesto, del lucro cesante de miles de negocios que no pudieron abrir ni atender pedidos.

Uno de los factores más preocupantes tras el apagón es la ausencia de información clara sobre las causas exactas y, por ende, sobre quién debe responder por los daños. Como señala el consultor de aseguradoras Claudio Aros, aún no se ha determinado si se trata de un riesgo extraordinario, un fallo técnico de la red o un evento fortuito. Esta ambigüedad coloca a los autónomos en un limbo legal, dificultando cualquier tipo de reclamación eficaz y rápida.

Inseguridad jurídica y dificultad para reclamar

En este escenario, los seguros multirriesgo son el primer recurso, aunque no siempre efectivo. Muchas pólizas excluyen expresamente los daños por cortes de suministro, aunque pueden activarse garantías específicas, como daños eléctricos por subidas de tensión tras el restablecimiento del servicio o cobertura por lucro cesante. La clave está en leer el condicionado con atención y contactar de inmediato con la aseguradora. Otra vía es el Consorcio de Compensación de Seguros, aunque su intervención solo procede si el apagón se declara formalmente como un “riesgo extraordinario”, lo que no parece probable si se confirma que fue un fallo de distribución y no un desastre natural o un ciberataque.

Las compañías eléctricas también podrían ser responsables si se demuestra un fallo en la red, pero la complejidad del sistema —que involucra productoras, distribuidoras y comercializadoras— hace que identificar al actor responsable sea un proceso largo y técnico. En paralelo, si el fallo se debiera a una negligencia atribuible al Estado, cabría una reclamación por responsabilidad patrimonial, aunque se trataría de un proceso judicial aún más lento. En todos los casos, los expertos recomiendan a los afectados documentar minuciosamente los daños, guardar facturas, elaborar inventarios y preparar estimaciones detalladas de pérdidas. También aconsejan activar las coberturas de defensa jurídica incluidas en muchas pólizas y estar atentos a cualquier resolución oficial que aclare responsabilidades.

Más allá de la gestión de este incidente, el apagón ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿están las pymes preparadas para enfrentar este tipo de crisis sistémicas? La respuesta, a la luz de los hechos, es que no. La fragilidad operativa y digital de buena parte del tejido productivo español se ha visto expuesta. A esto se suma la dificultad para acceder a seguros adaptados, formación en gestión de riesgos y planes de continuidad de negocio.