14.100 millones para blindar el comercio exterior de España

La reciente escalada en la política arancelaria de Estados Unidos ha encendido las alarmas en las instituciones europeas, y especialmente en España, donde el Gobierno ha reaccionado con agilidad desplegando un ambicioso Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, dotado con 14.100 millones de euros. Esta estrategia tiene como fin proteger al tejido productivo afectado, impulsar la internacionalización de las pymes españolas y fortalecer la resiliencia de la economía ante el nuevo entorno geoeconómico.

Estados Unidos es un socio estratégico de España, tanto en términos de inversión como de comercio. Es el principal destino de las inversiones españolas en el exterior y el primer inversor extranjero en territorio nacional. Este flujo bidireccional fomenta innovación, empleo y crecimiento. Sin embargo, el aumento unilateral de los aranceles por parte de la administración estadounidense amenaza con alterar significativamente esta relación. Aunque el Gobierno prevé un impacto macroeconómico moderado —dado el peso limitado del comercio bilateral en el PIB nacional—, reconoce que algunas comunidades autónomas con mayor exposición exportadora a EE.UU. podrían sufrir efectos intensos en términos de empleo, actividad comercial e inversión.

Protección del empleo e impulso a la reconversión empresarial

El plan gubernamental se estructura en dos grandes bloques de actuación. El primero incluye medidas de protección al tejido productivo. Entre ellas destaca una línea de avales por 5.000 millones de euros, gestionada por el ICO, destinada a facilitar financiación a empresas exportadoras e importadoras afectadas por los nuevos aranceles. Esta línea ya ha movilizado un primer tramo de 1.000 millones. También se ha activado una línea de financiación adicional del ICO con 1.000 millones para circulante e inversión, así como la prórroga del Plan MOVES III, con 400 millones en incentivos a la movilidad sostenible. A esto se suma el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, con 200 millones en préstamos o participación de capital, y la activación del mecanismo RED de flexibilidad laboral.

El segundo bloque está orientado a reconvertir el aparato productivo y fomentar la internacionalización. Se refuerza el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) con 700 millones, y se otorgan 20 millones adicionales en apoyo a operaciones estratégicas. Por su parte, la CESCE incrementa su cobertura con hasta 2.000 millones de euros disponibles para proyectos internacionales impactados por el nuevo escenario comercial. También se potenciará el uso del Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), clave para reducir el riesgo financiero vinculado al comercio exterior.

Por su parte, el ICEX lanzará un plan específico para apoyar a los sectores más afectados, tanto en su consolidación en el mercado estadounidense como en su expansión a nuevos destinos. Adicionalmente, hasta 5.000 millones del Plan de Recuperación se redirigirán para impulsar la transformación industrial, desde la rehabilitación energética hasta la adquisición de maquinaria avanzada.

Una de las prioridades del Ejecutivo es asegurar una distribución territorial equilibrada de los fondos, ajustada al peso relativo de las exportaciones a EE.UU. por comunidad autónoma. Esta estrategia busca corregir posibles desigualdades y garantizar que los territorios más expuestos reciban el apoyo necesario.

El plan se alinea con las iniciativas europeas y aspira a reforzar la autonomía estratégica abierta de la UE, tal como propone el Club de Exportadores en su reciente informe sobre desglobalización. El Gobierno buscará avanzar en la ratificación del acuerdo comercial con Mercosur, ampliar los vínculos con socios estratégicos y apoyar medidas de reducción de costes y eliminación de trabas dentro del mercado único europeo, especialmente en sectores como agroalimentación, automoción, acero o semiconductores. La ejecución del plan estará coordinada por una Comisión Interministerial presidida por el ministro Carlos Cuerpo. Se ha previsto una comparecencia periódica en el Congreso y la remisión trimestral de informes desglosados por sectores, territorios y beneficiarios, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.