CEG reclama interoperabilidad y reducción de cargas administrativas

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha mantenido recientemente una reunión clave con representantes de la Xunta para abordar uno de los temas que más preocupan al tejido empresarial gallego: la simplificación administrativa. En este encuentro participaron el director general de Simplificación Administrativa y del Patrimonio, José María Barreiro, y la gerente del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Patricia Villajos.

Durante la sesión, los representantes empresariales trasladaron a la administración autonómica una serie de propuestas concretas para reducir la complejidad normativa que afecta de manera directa a la actividad diaria de las pymes gallegas. Entre las demandas más destacadas se encuentra la necesidad urgente de evitar la duplicación documental. Es decir, que las empresas no se vean obligadas a presentar una y otra vez los mismos papeles ante distintos organismos, lo cual ralentiza los procesos y afecta a la productividad. En palabras de la propia confederación, “es clave para la competitividad de las empresas gallegas y nos ponemos a disposición de la Xunta de Galicia para seguir avanzando”. Esta voluntad de colaboración pone de manifiesto el interés del empresariado en ser parte activa del cambio y no solo un receptor pasivo de normativas.

Entre las medidas solicitadas, se incluye el desarrollo de plataformas tecnológicas que permitan la interoperabilidad entre administraciones, la incorporación de asistencia técnica personalizada a lo largo de los trámites administrativos, así como el fomento de la simplificación normativa y documental. Otro punto que fue puesto sobre la mesa es el potencial que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la accesibilidad y eficacia de los servicios públicos. Asimismo, la CEG ha propuesto establecer tiempos máximos para la resolución de expedientes, una medida que permitiría mejorar la planificación empresarial y reducir la incertidumbre administrativa. Esta sugerencia se complementa con la necesidad de homogeneizar los criterios entre las distintas administraciones territoriales, una cuestión especialmente sensible en comunidades autónomas con múltiples niveles competenciales.

Finalmente, los empresarios gallegos han insistido en que cualquier estrategia de reforma normativa debe contar con su participación directa. Reclaman una “participación más activa de las asociaciones empresariales en la elaboración de normativas y procedimientos que les afecten directamente”, una reivindicación que apunta hacia un modelo de gobernanza más abierto y adaptado a las realidades empresariales.

Estas propuestas se enmarcan en un contexto donde muchas pymes de la región han manifestado sentirse desbordadas por la carga burocrática. En artículos anteriores de Mundo Pyme, se ha señalado cómo la complejidad normativa en Galicia ha sido un freno recurrente al crecimiento de las empresas, especialmente en sectores estratégicos como la agroindustria y el turismo. Ver artículo relacionado.