Las autonomías afrontan la recta final de los fondos europeos

A menos de un año de que expire el plazo para ejecutar los fondos europeos de recuperación, las comunidades autónomas encaran un escenario complejo marcado por los retrasos y la presión del calendario. Pese a la magnitud de los recursos movilizados para mitigar los efectos económicos de la pandemia, cerca del 45% de los fondos asignados a las autonomías sigue sin gastarse, lo que equivale a unos 13.000 millones de euros. Más preocupante aún es que más de un tercio de esa cantidad ni siquiera ha sido asignada a proyectos concretos, según los últimos datos oficiales publicados por el Gobierno con información hasta el 30 de noviembre .

Este desfase adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que Bruselas exige que las ayudas estén ejecutadas antes del 31 de agosto y certificadas a finales de diciembre. En la práctica, esto implica demostrar que el dinero se ha destinado efectivamente a los proyectos comprometidos dentro del Plan de Recuperación. Sin embargo, las comunidades avanzan a ritmos muy dispares y, en conjunto, han ejecutado algo más de 16.000 millones de los 29.106 millones que tienen concedidos, una cifra que equivale aproximadamente a la mitad del gasto anual autonómico en educación .

La fotografía territorial es claramente heterogénea. Madrid y Cantabria destacan como las únicas comunidades que ya han convocado todas las ayudas disponibles, situándose a la cabeza en términos de gestión y planificación. Castilla-La Mancha también figura entre las regiones más avanzadas, con un nivel de ejecución superior al 70%. En el extremo opuesto, Canarias aparece como la comunidad más rezagada, con casi el 40% de los recursos aún pendientes de asignar, mientras que Cataluña presenta un elevado volumen de fondos adjudicados pero todavía sin ejecutar, lo que ha generado discrepancias metodológicas entre la Generalitat y la herramienta de seguimiento del Gobierno .

Los expertos coinciden en que la situación sigue siendo dinámica y que parte de los fondos convocados podrían ejecutarse en los próximos meses. Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y codirector del Observatorio de Fondos NextGenerationEU de EsadeEcPol, confía en que una parte relevante de las ayudas llegue resuelta al verano. No obstante, advierte de que “la preocupación estaría en esos fondos que aún no tienen asignación”, ya que el margen temporal para convocarlos, adjudicarlos y ejecutarlos es cada vez más reducido .

Retrasos, burocracia y oportunidades para pymes y empresas

Más allá de los datos agregados, distintos centros de análisis y agencias de calificación han alertado de que los retrasos empiezan a tener un impacto visible sobre la inversión pública. S&P ya ha señalado una ralentización del ritmo inversor autonómico a medida que el mecanismo de recuperación entra en su fase final. Las causas no son homogéneas: influyen desde la carga burocrática asociada a las ayudas, hasta el tipo de proyectos financiados, el volumen de recursos recibidos o el solapamiento con otras líneas de subvenciones ya existentes .

A ello se suma un diseño del plan con prioridades fijadas de forma centralizada. Fue el Estado quien negoció con Bruselas los hitos y objetivos, recibiendo los fondos en forma de subvenciones y créditos para después redistribuirlos entre las distintas administraciones. Este enfoque ha permitido una mayor agilidad en la gestión estatal, cuya tasa de resolución supera el 70%, pero ha generado cuellos de botella en algunas comunidades con menor músculo administrativo y experiencia en la gestión de grandes volúmenes de ayudas europeas.

Desde la perspectiva empresarial, este contexto tiene implicaciones directas para pymes y autónomos. Muchos proyectos vinculados a digitalización, sostenibilidad, eficiencia energética o modernización industrial dependen de que las convocatorias se resuelvan a tiempo. Los retrasos no solo posponen inversiones clave, sino que también introducen incertidumbre en la planificación financiera de las empresas, que han contado con estos fondos como palanca para mejorar su competitividad.

El propio Gobierno reconoce la estrechez de los plazos. De hecho, ha optado por renunciar a buena parte de los créditos asignados y centrarse en agotar las subvenciones, ante la dificultad de gestionar un volumen tan elevado de recursos en una ventana temporal limitada. Aunque Bruselas permitió simplificar los planes mediante una adenda para reducir cargas administrativas y redirigir partidas hacia sectores estratégicos como la defensa, el Ministerio de Economía descarta ampliar el calendario y subraya que la Comisión ha sido “férrea con los plazos” .