IVA franquiciado: la ausencia que frena la competitividad

La no aplicación en España del régimen de franquicia del IVA se ha convertido en un factor de presión adicional para miles de  pequeñas empresas, especialmente en un contexto económico marcado por la caída de ingresos y el aumento de las cargas administrativas. Así lo pone de manifiesto un informe reciente del Gabinete de Estudios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que analiza el impacto económico y burocrático de esta omisión normativa y cuantifica sus efectos con cifras concretas .

El documento parte de una radiografía poco alentadora del colectivo. Según los últimos datos recogidos por ATA, más de un tercio de los trabajadores autónomos vio reducirse su facturación en 2025 respecto al año anterior, y casi un 32% reconoce que su situación económica general empeoró. A ello se suma un dato especialmente relevante para el debate fiscal: el 63% de los autónomos cotiza por rendimientos anuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, lo que refleja una estructura de ingresos muy ajustada para una parte significativa del tejido productivo .

En este escenario, la percepción de un entorno cada vez más complejo es casi unánime. El 93% de los encuestados considera que las trabas administrativas y fiscales han aumentado, situando la implantación del IVA franquiciado entre las medidas más urgentes para aliviar esta carga. Este régimen, contemplado en la normativa europea, permite a los profesionales con un volumen de ingresos reducido quedar exentos de repercutir y declarar el IVA, simplificando notablemente su gestión diaria.

Costes ocultos y desigualdad frente a Europa

La ausencia de este sistema en España genera, según ATA, una clara desventaja competitiva frente a profesionales de otros países de la Unión Europea, como Francia o Italia, donde sí se aplica un modelo similar. En términos prácticos, los autónomos españoles asumen unos costes administrativos que sus homólogos europeos no tienen que soportar, lo que afecta tanto a su rentabilidad como a su capacidad de competir en el mercado único.

El informe estima que alrededor de 770.000 autónomos podrían acogerse al régimen si se implantara en España, al cumplir dos requisitos básicos: ingresos anuales inferiores a 85.000 euros y un volumen de IVA soportado reducido. Para este colectivo, el perjuicio económico es doble. Por un lado, están los costes directos de gestión, derivados de la necesidad de presentar declaraciones periódicas y mantener una contabilidad específica del impuesto, que ATA cifra en unos 300 euros anuales por profesional. Por otro, el tiempo dedicado a estas tareas administrativas, estimado en unas 24 horas al año, que traducidas a un coste conservador suponen otros 360 euros adicionales.

En conjunto, el impacto individual alcanza los 660 euros anuales por autónomo. Extrapolado al conjunto de potenciales beneficiarios, el sobrecoste agregado supera los 500 millones de euros cada año, una cifra que el informe define como un perjuicio económico directo y evitable .

Desde la perspectiva de las cuentas públicas, ATA reconoce que la implantación del régimen tendría un efecto recaudatorio. No obstante, apoyándose en estudios previos, como el análisis realizado en Canarias para un sistema similar aplicado al IGIC, el coste estimado para el Estado se situaría entre 625 y 650 millones de euros anuales. Para la organización, este impacto debe valorarse en relación con los beneficios estructurales para el autoempleo, la simplificación administrativa y la mejora de la competitividad de las pymes españolas.

Más allá de las cifras, el informe subraya que la no transposición de la directiva europea supone un daño patrimonial continuado para los autónomos, que se repite año tras año mientras no se adopte la medida. En un contexto de márgenes estrechos y elevada presión normativa, la implantación del régimen de franquicia del IVA se plantea no solo como una cuestión de alineación con Europa, sino como un instrumento de justicia fiscal y apoyo a uno de los pilares fundamentales de la economía española.