

Las empresas catalanas han intensificado en los últimos años la contratación de profesionales en origen, alcanzando una media de 2.000 incorporaciones anuales desde el periodo posterior a la pandemia. Este modelo consiste en la incorporación de trabajadores procedentes de fuera de la Unión Europea, quienes obtienen permisos temporales de residencia y trabajo para cubrir vacantes que, según el tejido empresarial, no logran ocuparse con personal disponible en el mercado local.
Entre los perfiles más demandados destacan cuidadores, conductores de transporte pesado, electricistas, profesionales sanitarios y técnicos industriales. Sectores como la industria y la hostelería continúan mostrando dificultades estructurales para cubrir determinados puestos, una situación que, según datos oficiales, afecta a más de la mitad de los establecimientos en estas áreas.
Desde el ámbito empresarial, especialmente las organizaciones vinculadas a la pyme en España, se insiste en que el principal obstáculo para ampliar estas contrataciones radica en la complejidad administrativa. Los trámites son descritos como “largos” y “complejos”, lo que limita la capacidad de respuesta de las compañías ante necesidades urgentes de personal. En este contexto, se reclama una mayor agilidad en los procedimientos para facilitar la llegada de talento extranjero, especialmente en sectores estratégicos.
Según representantes explica M. Àngels Benítez, responsable de políticas sociales e inclusión laboral de PIMEC, “Es un mercado laboral desequilibrado. Falta talento técnico y sanitario”, lo que refleja una paradoja persistente: coexistencia de niveles elevados de desempleo con dificultades para cubrir puestos especializados. Este desajuste pone de relieve retos estructurales en el mercado laboral en Cataluña, donde la oferta y la demanda no logran alinearse de forma eficiente, afirma.
Un mercado laboral tensionado entre necesidades y condiciones
Uno de los instrumentos clave en este proceso es el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal. Este listado permite agilizar la contratación internacional en determinadas profesiones donde se acredita escasez de candidatos locales. En Cataluña, predominan ocupaciones vinculadas a la navegación, operadores de maquinaria y electricistas. Sin embargo, desde el ámbito empresarial se advierte que este catálogo “no está alineado con las necesidades reales de las empresas”, lo que limita su utilidad práctica.
Para otras profesiones fuera de este listado, como sanitarios, transportistas o trabajadores de la construcción, las empresas deben seguir un procedimiento adicional. Este incluye la validación previa por parte del Servicio de Empleo autonómico, que certifica la inexistencia de candidatos adecuados en situación de desempleo. Solo tras este paso se autoriza la contratación en origen.
Frente a la visión empresarial, los sindicatos plantean una interpretación distinta del fenómeno. Consideran que el problema no reside en la falta de mano de obra, sino en la calidad de las condiciones laborales ofrecidas. Argumentan que existen miles de profesionales cualificados registrados como desempleados que rechazan las ofertas por tratarse de contratos temporales, jornadas parciales o salarios poco competitivos.
En palabras de representantes sindicales, “no pueden ser la coartada para no mejorar los salarios y las condiciones laborales en general". Esta crítica apunta directamente al riesgo de que la contratación internacional se utilice como mecanismo para evitar mejoras en las condiciones laborales, especialmente en sectores con alta rotación y menor estabilidad.
Además, se señala que algunas ofertas laborales incluyen requisitos muy específicos que dificultan la candidatura de trabajadores locales, lo que en la práctica facilita la contratación de perfiles extranjeros. “No tiene sentido que, como empresario, registres una oferta [...] y pongas que necesitas un peón de la construcción que hable urdú”, denuncian desde el ámbito sindical, cuestionando la transparencia de ciertos procesos.
Otro aspecto relevante es la vulnerabilidad de los trabajadores que llegan mediante este sistema. Muchos aceptan condiciones precarias motivados por la expectativa de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, una vez en destino, pueden enfrentarse a situaciones de inestabilidad laboral y social, lo que abre un debate sobre la sostenibilidad y ética del modelo.








