Nuevos impuestos a multinacionales, banca y pymes, pero con veto al impuesto energético tras el acuerdo entre PP, Junts y PNV, tal se había anticipado.
EFE - La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta subida, con la que el SMI acumula un incremento del 54 % desde que están en el Gobierno, “claramente va a mejorar la calidad de vida de 2,5 millones de trabajadores, especialmente de las trabajadoras”.
Este incremento del SMI es fruto del acuerdo bilateral alcanzado con los sindicatos, ya que nos e alcanzo el tripartito con la patronal, e implica un aumento de 54 euros al mes, de forma que el salario mínimo anual se situará en 15.876 euros brutos con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en la rueda de prensa que con esta subida el Gobierno da “un paso decidido en la lucha contra la precariedad”. “Hoy España es un país mejor”, ha añadido. No obstante, ha indicado que España tiene aún una distancia de 19 puntos con las medias salariales europeas, por lo que es necesario “hacer un esfuerzo colectivo” para seguir elevando las retribuciones, no sólo las mínimas, y “poder competir por arriba y no por abajo, y añadió que gracias a estos aumentos, "se ha estrechado la brecha retributiva de género en 25 puntos”, .
No obstante, la vicepresidenta segunda ha puesto el foco también en los beneficios de las entidades financieras y en los salarios de sus directivos que, en algunos casos, son 200 veces más elevados que el sueldo de sus trabajadores. “Tenemos un debate importante en el país sobre las retribuciones de los altos directivos y los trabajadores”, ha subrayado Díaz, quien ha apuntado que continuará elevando el SMI y aprobando otras “medidas eficaces” como la reducción de jornada, sin rebaja salarial.
La ministra no ha realizado referencia en estas declaraciones a la situación de las pymes, que conforman el 70% del empleo.
Ahorro de 1.385 millones en el IRPF
Junto con la subida del SMI, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que adapta la normativa tributaria con el objetivo de que “ninguna persona” que cobre el salario mínimo “pague IRPF”, según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Montero ha detallado que el Gobierno incluirá en el proyecto presupuestario de 2024 la modificación de la ley para elevar a 15.876 euros anuales la exención del IRPF, pero, mientras tanto, se cambia el reglamento del impuesto para que no se practiquen retenciones por debajo de ese umbral. De esta manera, ha explicado, se evita reducir la disponibilidad de renta de esos contribuyentes a los que después, una vez modificado el mínimo exento, habría que devolver lo tributado de más.
Al mismo tiempo y con el objetivo de evitar un “error de salto” para contribuyentes que ganan algo más del SMI, Hacienda incrementará las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros brutos. Estos ajustes de las retenciones beneficiarán en total a 5,2 millones de contribuyentes con rentas bajas, que se ahorrarán 1.385 millones de euros en el pago del IRPF en 2024.
A modo de ejemplo, la vicepresidenta ha apuntado que a un contribuyente que gana 15.876 euros en 2017 se le retenían 1.111 euros y ahora nada. Para un trabajador que gane 18.500 euros, la retención pasa de 2.000 euros en 2017 a 1.129 euros este año.
Montero ha defendido que esta medida se enmarca en la política tributaria del Gobierno, que ha hecho “una rebaja muy importante de los impuestos a las rentas bajas” al tiempo que ha pedido “un mayor esfuerzo a los que más tienen” con iniciativas como el impuesto sobre las grandes fortunas o aumentando la tributación de las rentas del capital.
Ante estos posibles escenarios, la recomendación general es reducir posiciones en Bolsa y mantener una estrategia diversificada que proteja el capital
Buscan facilitar la acreditación de competencias profesionales, impulsando la formación laboral en las pymes mediante servicios de orientación e información
La ratificación del acuerdo enfrenta la oposición de países como Francia, y la presión de China, que busca adelantar a Europa en América Latina.
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