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La Cámara de Comercio de España ha estado recopilando durante seis meses una serie de propuestas destinadas al nuevo Gobierno Europeo, tras las elecciones recientes. Estas peticiones reflejan lo que las empresas españolas consideran crucial para mejorar la competitividad de Europa y enfrentar los desafíos en un escenario global marcado por el proteccionismo y la rivalidad geopolítica.
La reducción de las cargas administrativas es una prioridad destacada. Según Raúl Mínguez, director del servicio de estudios de la Cámara, la proliferación normativa puede ser excesiva, obsoleta y de mala calidad, lo que afecta negativamente a la productividad y competitividad de las empresas. Las compañías se ven obligadas a destinar recursos valiosos a la comprensión y aplicación de normativas, en lugar de invertir en innovación, digitalización y capacitación.
Además, la Cámara propone que cualquier nueva normativa debe ser evaluada por su impacto específico en las pymes, para asegurar que no se vean desproporcionadamente afectadas por la burocracia.
Avance en el Mercado Único y Política Industrial
Otra petición clave es la armonización de las reglas entre los países miembros para avanzar en el mercado único, en línea con las recomendaciones del Informe Letta. Actualmente, la Unión Europea no ha logrado todo su potencial como mercado integrado. Existen problemas aduaneros, aplicación desigual de la legislación y cargas administrativas no armonizadas que deben ser resueltas para eliminar barreras internas y alcanzar una escala óptima de competencia global.
En un contexto geopolítico caracterizado por el aumento del proteccionismo desde 2017, impulsado por populismos y el descontento social tras la crisis financiera y otros eventos globales, la estabilidad de un área económica integrada como la UE es crucial para las empresas europeas.
La Cámara aboga por la implementación de una política industrial que apoye a sectores específicos y que solucione las diferencias fiscales entre los países miembros. Proponen la creación de un instrumento de financiación común permanente, inspirado en los fondos Next Generation, para atender necesidades de inversión pública en defensa, infraestructuras, energía, transición ecológica e independencia en sectores estratégicos como los microchips.
Asimismo, solicitan avanzar en la unión de capitales, fundamental para facilitar el acceso a la financiación de empresas innovadoras y promover un entorno favorable para inversiones que impulsen tecnologías sostenibles y la competitividad.
Mejorar la Movilidad de los Trabajadores
En vista del envejecimiento de la población europea y la disminución de la fuerza laboral, la Cámara insta a la UE a adoptar medidas para aumentar el empleo y mejorar la productividad y eficiencia del mercado laboral. Esto incluye mejorar la formación de los trabajadores y el reconocimiento de sus habilidades para aliviar el problema de las vacantes.
Mínguez señala que las cuestiones relativas a las habilidades y el reconocimiento de cualificaciones no están bien reguladas, creando obstáculos para la movilidad de los trabajadores dentro de la UE. Por ejemplo, cuando una empresa desea enviar a un trabajador cualificado a otro país, enfrentan procesos de convalidación complicados y burocráticos.
Para abordar el problema demográfico, la Cámara pide unificar los sistemas nacionales de gestión de flujos migratorios en un sistema común europeo y coordinar los movimientos dentro del espacio europeo. Actualmente, los trabajadores de terceros países legalmente establecidos en un país de la UE enfrentan trámites burocráticos adicionales para trasladarse a otro país miembro, una barrera que no se aplica a los ciudadanos europeos.
La Cámara sugiere agilizar y facilitar la posibilidad de trabajar en la UE para ciudadanos de terceros países mediante procedimientos de migración legal más rápidos y mejoras en el reconocimiento de cualificaciones. Estas medidas deben implementarse en un contexto de fortalecimiento de la seguridad en las fronteras externas de la UE y una gestión coordinada de movimientos dentro del espacio Schengen.
Pueden acogerse a deducciones fiscales por aportaciones a planes de pensiones, inversiones tecnológicas, energéticas y creación de empleo entre otros.
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