3.000 euros de impacto económico por las nuevas medidas.

La reciente propuesta de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría incrementar el coste anual de cada empleado en 3.000 euros, según estimaciones recientes de analistas privados. Por ello, estas medidas, impulsadas por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y el grupo político Sumar, han generado preocupación entre pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, quienes ya enfrentan desafíos financieros significativos.

El incremento del SMI en un 4,4%, que se traduce en solo 50 euros brutos más al mes por trabajador, y supondrá un gasto adicional de 600 euros anuales por empleado para las empresas que pagan este salario. Actualmente, más de dos millones de trabajadores en España perciben el salario mínimo, lo que significa que la medida tendrá un impacto generalizado en sectores como la agricultura y los servicios, principalmente.

A este aumento se suman las mayores cotizaciones sociales derivadas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2025 suben del 0,7% al 0,8%. Aunque los empleados cubrirán el 0,13% de esta subida, las empresas asumirán el 0,67%, incrementando aún más la carga financiera.

Reducción de la jornada laboral

Por otro lado, estimaciones de analistas de Cepyme, daban cuenta la semana pasada de que la propuesta de reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas conlleva costes adicionales para las empresas. "Si optan (las pymes) por mantener el mismo volumen de trabajo, deberán pagar horas extraordinarias a sus empleados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada hora extra tiene un coste medio de 18,85 euros, lo que implica un gasto adicional mensual de 190 euros por empleado (unas 10 horas al mes). Anualmente, esto equivale a 2.300 euros por trabajador", afirmaban.

Otra alternativa sería cerrar las operaciones durante esas dos horas y media semanales, lo que podría repercutir negativamente en la productividad, especialmente en sectores que dependen de horarios prolongados o atención al cliente constante. Esto presenta un serio debate para la CEOE que ya ha manifestado el problema de aumentar aún más la brecha con Europa.

Pymes y autónomos, los más afectados

Las pequeñas empresas y autónomos son quienes más dificultades presentarían para asumir estos nuevos costes. Según datos de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), en España se pierden 400 pequeños negocios cada mes, y el cierre de más de 5.000 empresas al año está vinculado a la presión competitiva de grandes superficies, que se benefician de economías de escala y estrategias promocionales agresivas como los "días sin IVA".

Además, sectores como la agricultura y el cuidado de personas mayores han experimentado una disminución de afiliados a la Seguridad Social. Esto refleja la dificultad de estos sectores para absorber los incrementos salariales sin reducir personal o cerrar negocios.

No obstante, y pese a la resistencia inicial de las patronales y partidos como el PP, Vox, Junts y PNV, el Gobierno busca negociar estas medidas para obtener su respaldo en el Congreso. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, se ha mostrado dispuesto a escuchar a las organizaciones empresariales para alcanzar un equilibrio que evite un impacto excesivo en las empresas más vulnerables, sobre todo, tal consideran analistas a favor de la medida, teniendo en cuenta que las medidas ya implementadas en cuestiones laborales, han redundado en mayores costes, si, pero con un crecimiento y un mercado más robusto que el que se tenía, posicionando a España como motor de Europa.