El Gobierno ingresa hoy la ley de jornada laboral reducida

El Gobierno de España, a través de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que el próximo martes 29 de abril el Consejo de Ministros aprobará y remitirá al Congreso el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta medida, ampliamente respaldada por los sindicatos, inicia ahora su fase de tramitación legislativa, aunque todavía no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios para garantizar su aprobación.

La propuesta fue validada en primera vuelta en el Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero y posteriormente recibió el informe del Consejo Económico y Social (CES), que recogía tanto las opiniones favorables de los sindicatos como las reservas expresadas por las principales organizaciones empresariales. Desde entonces, el proyecto ha experimentado diversos retrasos que han dificultado su avance, principalmente debido a las diferencias dentro del propio Ejecutivo y a las presiones de los sectores económicos.

Durante su intervención en el congreso de CCOO Industria, Díaz instó a los partidos a llevar al Parlamento lo que calificó como “sentido común en la calle”. En sus propias palabras: "No va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos". El Ministerio de Trabajo considera que esta medida es clave para mejorar la conciliación laboral y adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades del siglo XXI, pero enfrenta resistencias, especialmente desde formaciones como Junts, que han advertido que “estamos más cerca del no”.

A pesar de los esfuerzos por sumar apoyos, las principales organizaciones empresariales han reiterado su oposición al proyecto en su formato actual. Entre ellas destaca la patronal catalana Pimec, que en un principio se consideró un posible puente hacia el apoyo de Junts, pero que finalmente se posicionó en contra durante un evento celebrado en Madrid.

El retraso legislativo complica la adaptación de los convenios colectivos

Uno de los principales problemas derivados del retraso en la tramitación ha sido la creciente incertidumbre entre empresas y sindicatos, que se ha traducido en dificultades para negociar nuevos convenios colectivos. Tanto representantes empresariales como sindicales han subrayado la necesidad de seguridad jurídica para poder pactar condiciones claras en cuanto a la distribución de la jornada anual. El acuerdo original planteaba que la norma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque se otorgaba un margen hasta el 31 de diciembre para que empresas y trabajadores acordasen la reorganización de los horarios. Sin embargo, dado el retraso acumulado, este plazo ya se percibe como insuficiente para una transición ordenada.

El procedimiento parlamentario que comienza ahora se prevé largo. En condiciones normales, la tramitación de un proyecto de ley dura en torno a cinco meses, aunque podría acortarse si se declara como trámite urgente. Inicialmente, los grupos parlamentarios dispondrán de 15 días para presentar enmiendas, tras lo cual la Comisión de Trabajo elaborará un dictamen con las modificaciones aceptadas. Posteriormente, el texto se debatirá y votará en el Pleno del Congreso antes de pasar al Senado, que dispondrá de dos meses para introducir cambios o vetar la norma.

Si el Senado no presenta objeciones o si el Congreso las supera, la ley será publicada definitivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, dado que los meses de julio y agosto suelen estar inactivos en términos parlamentarios, muchos observadores ya dudan de que la norma pueda estar en vigor para principios de 2026, como se había previsto inicialmente.

Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), afirman desde Cepyme, este tipo de incertidumbre normativa supone un desafío adicional en un entorno ya caracterizado por la inestabilidad regulatoria y los cambios en las condiciones del mercado laboral. En este contexto, cobra especial relevancia el seguimiento parlamentario y la capacidad del Ejecutivo para articular alianzas que permitan una aprobación efectiva de una medida que, según el Gobierno, “beneficiará al tejido productivo y a los trabajadores por igual”.