La reducción de jornada laboral podría disparar el SMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha encendido las alarmas en su último documento técnico sobre España, al advertir que la combinación de políticas laborales recientes, entre ellas la posible reducción de jornada, podría situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima de los 1.250 euros mensuales. Actualmente, el SMI está fijado en 1.184 euros en 14 pagas, lo que ya representa un incremento acumulado del 61% desde 2018. De confirmarse las previsiones del organismo, el aumento superaría el 70%.

Según el FMI, la reducción del tiempo de trabajo puede tener efectos positivos en términos sociales, pero también genera “efectos ambiguos” sobre el empleo y la producción. Por ello, el personal técnico recomienda preservar el papel de la negociación colectiva, especialmente en lo referente a la distribución anual de las horas trabajadas y a la remuneración de las horas extraordinarias.

Este enfoque coincide con el análisis del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL), que en su informe Claves económicas sobre el Salario Mínimo y las Cotizaciones Sociales advierte de varios riesgos asociados a una subida adicional del SMI. Entre ellos destacan la destrucción de empleo, especialmente en colectivos vulnerables, la pérdida de competitividad, y un aumento de precios para mantener márgenes en las empresas.

Los ajustes por reducción de jornada podrían aumentar de forma indirecta el coste por hora trabajada. Como explicó Jesús Fernández-Bravo, presidente del EAL, esto se debe a que “la revalorización de la hora trabajada ocurre si se reduce la jornada laboral manteniendo o incrementando el salario mínimo, ya que el valor de cada hora de trabajo se incrementaría automáticamente”.

Desde el FMI, se subraya que este impacto sería acumulativo, reflejo de las políticas implementadas desde 2018, entre ellas los sucesivos aumentos del salario mínimo y los cambios en la normativa laboral. Todo ello configura un escenario complejo para los negocios de menor tamaño, particularmente las pymes y los autónomos con empleados, que ya están soportando un encarecimiento generalizado de los costes.

Recomendaciones de eficiencia, formación y adaptación normativa

El EAL ha ofrecido algunas claves prácticas para que las empresas y autónomos puedan afrontar el nuevo entorno regulatorio. Entre sus principales recomendaciones se incluyen:

• Invertir en formación y capacitación para mejorar la productividad de los empleados en jornadas más reducidas.
• Incorporar herramientas tecnológicas y automatización para aumentar la eficiencia operativa.
• Rediseñar las jornadas laborales para optimizar el uso del tiempo disponible.
• Ajustar los precios de productos y servicios, siempre que el mercado lo permita, para reflejar el incremento de costes laborales.
• Garantizar el cumplimiento normativo en relación con las nuevas exigencias sobre salario y tiempo de trabajo, a fin de evitar sanciones legales.

El informe del FMI no propone revertir las políticas en curso, pero sí llama a la cautela. En particular, subraya la necesidad de evitar una implementación uniforme de la reducción de jornada, debido a la heterogeneidad sectorial de la economía española. Sectores como la hostelería, el comercio o los servicios personales, con márgenes más ajustados, podrían ser los más afectados por estas medidas.

Este diagnóstico se produce cuando tres de cada cuatro empresas españolas reconocen que sus costes laborales aumentarán en 2025 si se aprueba la jornada reducida. Para muchas pymes, esto representa un desafío adicional en un entorno ya marcado por la inflación, la incertidumbre regulatoria y la competencia internacional.