Yolanda Díaz avanza en la reducción de la jornada laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su compromiso con un nuevo modelo de relaciones laborales destinado a mejorar la productividad y continuar la lucha por la expansión de los derechos laborales. Uno de los focos principales de su agenda es la reducción de la jornada laboral, una promesa electoral que se ha empezado a discutir la semana pasada durante la reunión con los agentes sociales.

"Somos claros, la propuesta programática que hemos presentado se centra en el diseño de políticas públicas (...). Vamos a reducir la jornada que ha estado congelada durante 40 años en el país, pero sin disminuir los salarios", afirmó Díaz.

Con el salario mínimo interprofesional ya resuelto, la atención se desplaza hacia la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de la legislatura según la ministra. El pacto entre el PSOE y Sumar para formar el segundo Gobierno de coalición establece un compromiso para implementar una reducción progresiva de la jornada laboral en España en los próximos dos años:

• Reducir a 38,5 horas la jornada en 2024.
• Reducir a 37,5 horas la jornada en 2025.

El Ministerio de Trabajo también busca abordar el registro de control de jornada para mejorar su eficacia, lo que podría requerir cambios legislativos. Aunque el registro horario es obligatorio desde 2019, se considera que la regulación actual es insuficiente, y las negociaciones actuales podrían llevar a ajustes en esta herramienta.

El pacto incluye la creación de una mesa con los interlocutores sociales para evaluar los resultados de la reducción y avanzar en ella, considerando las particularidades de los distintos sectores, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.

En tanto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su descontento con la reducción de la jornada laboral, considerándola un aumento de costes adicional al impacto previsto por la subida del salario mínimo interprofesional, en un momento de notan cierta perdida del dinamismo en la creación de empleo, tal manifestaron ya a raíz del último indicador de la EPA. Asimismo, su presidente, Antonio Garamendi, pidió al gobierno deje negociar esta cuestión a las empresas con los sindicatos en forma bipartita.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado sorpresa ante las objeciones de la patronal, señalando que las jornadas pactadas en los convenios ya son inferiores a las 40 horas promedio, rondando las 38,5 horas.

Ruido de Fondo

Quizá el mayor ruido provenga de una serie de 12 medidas de calado que la ministra ha manifestado impulsará durante esta legislatura, las cuales incluyen en su presentación a la cámara baja la reformará la indemnización por despido, tal y como se espera que reclame el Consejo de Europa a España tras sendas demandas de UGT y CC OO . Esta medida es rechazada de plano por la patronal debido a que, indican,  modificar el despido no estaba en el marco negociador de la pasada reforma laboral que negoció y respaldó CEOE. 

Pero sin duda, lo que mayor tensión genera es el cambio de modelo que busca imprimir en las empresas españolas la ministra para ir a uno a la alemana, donde busca establecer fórmulas que permitan la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. La ministra subrayó la necesidad de "democratizar la estructura empresarial" mediante diversas formas de participación, destacando que "resulta sorprendente que un mandato constitucional aún no haya sido desarrollado."

Díaz especificó que aunque ya se ha experimentado la participación de representantes de los trabajadores de manera puntual en el País Vasco y en algunas empresas, estos casos son excepcionales y buscan generalizarlos en empresas grandes y medianas. Además, argumentó que 18 Estados europeos ya regulan esta participación, mencionando el citado caso alemán de "cogestión empresarial" vigente desde 1996, el cual ha contribuido a mejorar la productividad de la economía alemana. También sugirió que esta medida podría ser un obstáculo para futuras deslocalizaciones empresariales, ya que los trabajadores, al votar, defenderían la permanencia de la empresa.