BCE deja de reinvertir en deuda española: impacto en pymes

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar de reinvertir 40.000 millones de euros en deuda pública española marca un punto de inflexión en la política monetaria reciente y abre un periodo de incertidumbre para la economía nacional. A partir del segundo semestre de 2025, el BCE reducirá drásticamente su exposición al bono soberano español, un activo que hasta ahora sostenía con fuerza desde los años de estímulo pandémico.

Esta retirada supone el fin de una era de financiación barata, durante la cual el BCE llegó a ser el mayor tenedor de deuda del Estado, con un pico de 420.000 millones de euros —más del 33% del total en circulación—. En su lugar, España deberá encontrar nuevos compradores para cubrir este vacío financiero, en un contexto de tipos de interés más elevados y tensiones presupuestarias. Para las pymes y los autónomos, el nuevo escenario puede traducirse en un endurecimiento del acceso al crédito, especialmente si la banca nacional incrementa su exposición a deuda soberana, restando liquidez al mercado empresarial, y en medio de la decisión por la OPA del Sabadell. La rentabilidad que exijan ahora los inversores, cercana al 3,3% para los nuevos bonos, encarecerá no solo el endeudamiento público, sino también las condiciones del sector privado.

Subida del coste financiero y riesgo para la inversión empresarial

El coste presupuestario de esta transición es significativo. Solo por los nuevos 40.000 millones, el Tesoro deberá afrontar unos 1.300 millones de euros adicionales en intereses cada año. A medio plazo, el gasto total en intereses podría superar los 45.000 millones anuales hasta 2027, según previsiones oficiales. Esta cifra representa el 70% del gasto público en educación o el 45% del presupuesto nacional destinado a sanidad. En este contexto, el margen de maniobra del Gobierno se estrecha. La necesidad de cumplir con compromisos internacionales como el incremento del gasto militar al 5% del PIB, solicitado por la OTAN y Estados Unidos, añade presión a unas cuentas públicas ya tensionadas. Esto podría traducirse en un menor apoyo presupuestario para el tejido empresarial y los incentivos fiscales a la innovación o el emprendimiento.

Además, la salida del BCE del mercado español implica una mayor dependencia de compradores privados: bancos, fondos de inversión y aseguradoras, que previsiblemente exigirán mayores garantías y estabilidad política para asumir ese riesgo. Los bancos nacionales podrían aumentar su tenencia de deuda pública, pero a costa de restringir el crédito a empresas, especialmente a aquellas más pequeñas o con menor historial de solvencia.

Desde el Gobierno, las gestiones para frenar esta decisión del BCE, lideradas por José Luis Escrivá —gobernador del Banco de España y exministro de Seguridad Social—, no han surtido efecto. Frankfurt mantiene su hoja de ruta de control del balance y retirada de estímulos monetarios. Desde junio de 2022, el BCE ha ido reduciendo gradualmente su cartera adquirida a través de los programas APP y PEPP, culminando ahora con la no renovación de vencimientos. Este nuevo entorno financiero obligará a muchas empresas, especialmente pymes, a revisar sus planes de expansión, financiación e inversión. La presión sobre el gasto público también podría tener efectos indirectos sobre políticas de apoyo empresarial, como las subvenciones a la contratación o la digitalización.