Acuerdo en Cataluña activa medidas clave para pequeñas empresas

En un momento marcado por la prórroga presupuestaria en Cataluña, el reciente acuerdo entre el Govern y los agentes sociales ha dado un giro relevante en la orientación de las políticas económicas: las pymes no solo han sido reconocidas, sino situadas en el centro de las decisiones. Este avance ha sido impulsado por PIMEC, la patronal que representa al tejido de pequeñas y medianas empresas de Cataluña, cuya intervención ha sido clave para incluir propuestas concretas que responden a las necesidades reales del sector.

El consenso se ha alcanzado en el marco del Consell del Diàleg Social, un órgano formal donde confluyen Gobierno, sindicatos y patronales. Aunque no se trata de un presupuesto autonómico en sentido estricto —que sigue pendiente por falta de apoyos parlamentarios—, el paquete de medidas permite activar financiación mediante suplementos de crédito. Esta fórmula busca evitar una parálisis en áreas críticas como el empleo, la formación profesional o la transición hacia una economía más sostenible.

“El acuerdo reconoce que pensar en pequeño es pensar en grande. Es un paso más hacia un modelo de gobernanza inclusivo y adaptado a la realidad productiva”, afirmó Antoni Cañete, presidente de PIMEC. El directivo defendió el pacto como una respuesta pragmática ante la falta de presupuestos: “La falta de presupuestos afecta directamente al progreso económico y social de Cataluña”, añadió, destacando la necesidad de actuar con consensos tangibles y aplicables.

Productividad, sostenibilidad y financiación, entre las prioridades

Uno de los avances más destacados es la creación de una comisión específica sobre productividad y empleo, que operará dentro del Diálogo Social. Esta comisión pretende traducir en políticas concretas lo que muchas veces se queda en debates teóricos, con foco en la mejora del rendimiento económico y la calidad del trabajo en pequeñas empresas. Otro punto relevante es la simplificación de los procesos de baja médica, especialmente los de corta duración. Esta medida pretende aliviar la carga administrativa que afecta a las microempresas, donde una sola ausencia puede alterar seriamente la operativa diaria.

En la misma línea de reducir barreras burocráticas, se eliminarán ciertos requisitos para proyectos de instalaciones renovables de hasta 500 kW, lo que facilitará que las pymes avancen en la transición ecológica. Este cambio se complementa con la agilización de informes ambientales, abriendo la puerta a inversiones más ágiles en sostenibilidad.

Desde el punto de vista financiero, se pondrán en marcha nuevas líneas de crédito a través del Institut Català de Finances, dirigidas a empresas que ya disponen de subvenciones aprobadas, lo que permite acelerar el acceso efectivo a los fondos. También se habilitarán ayudas adicionales para reforzar la resiliencia financiera ante un entorno económico incierto. En el ámbito de la capacitación, el plan refuerza los programas de formación dual e incluye incentivos dirigidos a proyectos de digitalización avanzada, incorporando tecnologías como la robótica y la sensorización. Tradicionalmente fuera del alcance presupuestario de muchas pymes, estas herramientas se vuelven ahora más accesibles con el nuevo marco de incentivos.

Finalmente, el acuerdo prevé un impulso adicional a la transición ecológica, facilitando la adopción de energías renovables, el desarrollo de la economía circular y la reactivación de sectores como el forestal o el energético, todos con medidas específicas para pequeñas y medianas empresas. Este pacto demuestra que, incluso en un entorno político fragmentado, es posible avanzar con medidas operativas que reconozcan el peso real de las pymes en el sistema productivo. Cabe recordar que en Cataluña, estas empresas representan el 99,8% del tejido empresarial activo, un dato que refuerza la legitimidad del enfoque actual.