
Desde el año 2000, España ha perdido más de 140.000 establecimientos comerciales, lo que representa una reducción del 22,6% del total.
En un contexto internacional marcado por la presión competitiva de potencias como China y Estados Unidos, el Foro de Marcas Renombradas Españolas ha dado un paso firme al proponer un Pacto de Estado por la Competitividad, una iniciativa que busca alinear esfuerzos públicos y privados para reforzar las capacidades de la economía española.
El diagnóstico es claro: la competitividad en Europa está en entredicho, y si bien se han planteado estrategias a nivel comunitario –como las recomendaciones contenidas en los informes Draghi y Letta–, es imprescindible actuar también desde el ámbito nacional. En palabras de Pablo López Gil, director general del Foro y autor del artículo, “la competitividad es un desafío compartido”, lo que significa que no recae únicamente en los gobiernos ni es tarea exclusiva de las empresas, sino que requiere un esfuerzo coordinado y transversal.
El informe presentado el 9 de junio en el Congreso de los Diputados propone un enfoque estructurado sobre la base de cinco premisas fundamentales: la naturaleza compartida del desafío, el reconocimiento de fortalezas además de debilidades, la necesidad de cooperación y visión a largo plazo, y la relación directa entre productividad, bienestar y progreso.
Desde esta perspectiva, se identifican seis áreas críticas de actuación: la simplificación normativa y administrativa, la digitalización avanzada, el desarrollo del capital humano, la diversificación de la financiación para la innovación, la inversión en activos intangibles y la transformación industrial con foco en la descarbonización. A través de estas áreas, el documento propone acciones concretas que buscan hacer más competitivo el ecosistema empresarial español, en particular el de las pymes, a menudo más vulnerables frente a la complejidad regulatoria y los desafíos tecnológicos.
Para traducir estas propuestas en acciones tangibles, el Foro plantea un decálogo que articula prioridades estratégicas. Entre ellas destacan la creación de una ventanilla única digital para empresas, la instauración de centros de excelencia en inteligencia artificial y ciberseguridad, y la atracción de talento internacional a través de visados tecnológicos. Asimismo, se insiste en la importancia de fortalecer la Formación Profesional Dual y en diseñar planes de recualificación enfocados en sectores estratégicos como las energías renovables y la biotecnología.
La financiación de la innovación es otra piedra angular de la propuesta. En un país donde el capital riesgo sigue teniendo un papel marginal, se aboga por una diversificación de los instrumentos financieros que favorezca la inversión en I+D, software, diseño y marca, elementos clave de la economía del conocimiento. Finalmente, el informe propone la creación de un sistema de monitorización y evaluación para medir avances y garantizar transparencia. En palabras de López Gil, “nos va el futuro en ello”, una afirmación que resume el sentido de urgencia y ambición que impregna todo el proyecto. El éxito del pacto dependerá de la capacidad de articular una verdadera alianza entre los distintos actores sociales y económicos, con la vista puesta en el largo plazo y el bienestar colectivo.
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