La IA muerta antes de empezar con la nueva ley de autónomos

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en la regulación de la inteligencia artificial con la aprobación del anteproyecto de la Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Esta normativa, que adapta el Reglamento Europeo de IA a la legislación nacional, establece sanciones severas para quienes no informen sobre el uso de IA en la creación de contenido. Para el Gobierno, el objetivo es claro: garantizar que los usuarios puedan distinguir cuándo una imagen, audio o vídeo ha sido generado o alterado artificialmente. La medida afecta directamente a miles de autónomos y pequeñas empresas que utilizan herramientas de IA en su día a día. Desde creadores de contenido e influencers hasta agencias publicitarias y estudios de diseño, todos deberán adaptarse a las nuevas exigencias legales. Las multas por incumplimiento oscilan entre 7,5 y 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% de las ventas anuales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La ley impacta especialmente a sectores como el marketing digital, el diseño gráfico, la publicidad y la creación de contenido audiovisual. Influencers y creadores de contenido, que utilizan IA para modificar imágenes, generar vídeos o crear textos automáticamente, deberán etiquetar claramente estos contenidos como generados por IA. Lo mismo aplica para agencias de marketing que empleen herramientas de IA para diseñar campañas publicitarias o material visual para redes sociales.

Los negocios de comercio electrónico también están en la mira. Si una tienda online utiliza IA para generar descripciones de productos o imágenes comerciales, deberá indicar que se trata de contenido artificial. Esto supone un desafío adicional para pequeños emprendedores que dependen de marketplaces como Amazon o eBay para vender sus productos. En el ámbito audiovisual, productores de vídeos promocionales o creadores de contenido para redes sociales que usen IA para mejorar o manipular imágenes deberán informar a sus clientes y seguidores. Por ejemplo, si un autónomo edita un vídeo y utiliza IA para cambiar la expresión facial de una persona o mejorar su apariencia, deberá advertirlo claramente.

Deepfakes y manipulación: las sanciones más duras

El uso de deepfakes o la modificación de imágenes con IA para falsear la realidad será uno de los focos principales de la ley. Aquellos que utilicen estas técnicas de manera engañosa se enfrentarán a las sanciones más elevadas. Esto incluye a negocios que editen imágenes de sus productos para exagerar sus cualidades sin avisar a los consumidores. Sin embargo, no todos los usos de IA estarán sujetos a esta obligación. La ley especifica que herramientas utilizadas para corregir textos, mejorar la redacción o automatizar tareas sin alterar el contenido final no requieren etiquetado. Por ejemplo, gestorías que empleen IA para revisar la ortografía de documentos o bufetes de abogados que la usen para clasificar datos no estarán obligados a informar sobre su uso.

La normativa busca proteger a los consumidores de la desinformación y las manipulaciones digitales, pero también plantea desafíos para los autónomos y pymes. Las asociaciones profesionales ya han expresado su preocupación por cómo se fiscalizará el cumplimiento de estas obligaciones. Aunque el Gobierno ha anunciado que se desarrollarán mecanismos de control, aún no se han detallado los métodos para identificar automáticamente los contenidos generados con IA. Algunos expertos advierten que esta regulación podría frenar la innovación en pequeños negocios, que dependen de herramientas de IA para competir en un mercado cada vez más digitalizado. Sin embargo, también representa una oportunidad para fomentar la transparencia y la confianza entre los consumidores.