Aumentan las sanciones de la Agencia de Protección de Datos

Datos de empleados, sistemas de videovigilancia y servicios en Internet concentran un notable aumento tanto en reclamaciones como en expedientes sancionadores.

ECONOMÍA & POLÍTICA06/08/2025EditorEditor
Mora en Pymes
SancionesSe han detectado multas de hasta 10.000 euros por instalar cámaras en zonas sensibles

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dado a conocer su memoria anual 2024, donde analiza las reclamaciones y sanciones derivadas del uso indebido de datos personales por parte de empresas y organizaciones. Si bien la cantidad de sanciones impuestas ha disminuido respecto a 2023, el importe total ha crecido un 20%, lo que, según el organismo, refleja una “mayor complejidad y alcance de los tratamientos analizados”, así como un impacto más significativo de las infracciones.

Entre los ámbitos empresariales que más problemas han generado, destacan especialmente los relacionados con la gestión de datos de empleados, los sistemas de videovigilancia y los servicios en Internet. En conjunto, estos sectores concentran un notable aumento tanto en reclamaciones como en expedientes sancionadores.

Suben las quejas por mal uso de datos en entornos laborales

Uno de los datos más relevantes del año ha sido el incremento del 49% en las reclamaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales de trabajadores, una cifra que supera ampliamente las 1.000 quejas presentadas. Esta tendencia sitúa los conflictos laborales como el ámbito con mayor crecimiento en términos relativos, aunque no necesariamente se ha traducido en un aumento equivalente en sanciones.

Por su parte, las denuncias por videovigilancia también han seguido creciendo —un 19% más respecto a 2023— y representan el 18% del total de reclamaciones recibidas, situándose como el área con mayor volumen absoluto. La AEPD atribuye este repunte a la facilidad y bajo coste de instalación de cámaras, lo que ha llevado a una proliferación de sistemas que, en muchos casos, no cumplen con la normativa vigente. En contraste, las quejas por publicidad no deseada han disminuido de forma notable, una caída que el organismo vincula a la incorporación del buzón guiado que facilita las denuncias automatizadas de este tipo de prácticas. No obstante, estas comunicaciones no solicitadas siguen ocupando una posición destacada entre las reclamaciones más frecuentes.

En lo que respecta a los procedimientos sancionadores, la videovigilancia encabeza el listado a pesar de haber experimentado una “reducción considerable” gracias a la resolución temprana de muchos casos en fases previas. Aun así, una de cada cinco sanciones impuestas durante 2024 está vinculada al uso inadecuado de sistemas de cámaras. Le siguen en volumen las sanciones derivadas de servicios online, que incluyen desde la gestión incorrecta del consentimiento de cookies hasta deficiencias en las políticas de privacidad. La creciente presencia de negocios en el entorno digital ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de protección de datos en este ámbito.

En el análisis de resoluciones concretas, se han detectado multas de hasta 10.000 euros por instalar cámaras en zonas sensibles, como áreas de descanso para empleados, y sanciones de 3.000 euros por carteles informativos mal colocados o sin información suficiente sobre el tratamiento de imágenes. Además, se han registrado casos donde empresas compartieron datos sensibles de clientes sin autorización, como los relacionados con la salud, lo que ha derivado en multas de 7.000 euros. Un ejemplo citado es el de una clínica que transmitió datos personales a terceros (en este caso, Google), incumpliendo así el principio de confidencialidad recogido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Los expertos subrayan la importancia de cumplir estrictamente con las obligaciones legales en esta materia, y recuerdan que cualquier dato personal, por básico que sea, está protegido por la normativa vigente. En palabras de la abogada Inmaculada Núñez: “Es importante y fundamental que, en todo momento, se cumpla con los principios y obligaciones en materia de seguridad establecidos en la normativa”.

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