El limbo fiscal de los módulos pone en alerta a 350.000 autónomos

El cierre del año ha dejado una situación de elevada incertidumbre fiscal para unos 350.000 trabajadores por cuenta propia en España. El motivo es la falta de aprobación de la prórroga de los umbrales de facturación necesarios para poder acogerse al régimen de estimación objetiva, conocido popularmente como módulos, un sistema clave para miles de autónomos de sectores tradicionales.

Aunque el Ejecutivo sí ha aprobado la orden ministerial que garantiza la continuidad del sistema de módulos durante 2026, a día de hoy no se han definido los límites de ingresos que permitirán tributar bajo este régimen. Esta ausencia normativa genera un escenario complejo para muchos profesionales, que no saben todavía si podrán seguir beneficiándose de un sistema que simplifica su tributación en el IRPF.

Desde 2016, los distintos Gobiernos han ido prorrogando anualmente unos límites de facturación más elevados de los previstos inicialmente. Gracias a estas prórrogas, han podido permanecer en módulos los autónomos con ingresos inferiores a 250.000 euros anuales o con facturación a otras empresas y profesionales por debajo de 125.000 euros. Sin embargo, en ausencia de una nueva extensión legal, estos umbrales volverían automáticamente a los niveles fijados en la reforma fiscal de 2014: 150.000 euros de ingresos totales y 75.000 euros en facturas emitidas a empresas y otros autónomos.

Este descenso tendría un impacto directo y significativo, ya que expulsaría a miles de profesionales del régimen de módulos a partir de 2026. Los más afectados serían actividades como el transporte, la hostelería y el pequeño comercio, donde el uso de efectivo y los márgenes ajustados hacen que la estimación objetiva siga siendo una herramienta fundamental de gestión fiscal.

Una reforma fiscal con efectos aplazados durante casi una década

El origen de esta situación se remonta a la reforma fiscal aprobada a finales de 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda. Aquella modificación reducía de forma sustancial los umbrales de acceso al régimen de módulos, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2016. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos nuevos límites nunca llegó a materializarse gracias a sucesivas prórrogas aprobadas año tras año.

La clave es que este aplazamiento debe realizarse mediante una norma con rango de ley. En esta ocasión, el Ejecutivo ha cerrado el ejercicio sin aprobar ninguna disposición legal que incluya la extensión de los límites actuales. Los expertos confiaban en que la medida se incorporara al último Pleno del Congreso del año, pero finalmente no fue así. Además, según el calendario parlamentario, no hay previstos nuevos Plenos hasta febrero, salvo convocatoria extraordinaria.

Este contexto ha alimentado la preocupación entre asociaciones de autónomos y asesores fiscales, ya que, si no se actúa a tiempo, 2026 podría comenzar con límites de facturación más bajos en módulos. No obstante, la situación todavía no es irreversible. El Gobierno podría aprobar durante el mes de enero un real decreto-ley que prorrogue los umbrales y someterlo posteriormente a convalidación parlamentaria en febrero.

El precedente más cercano se produjo en 2025, cuando la prórroga de los límites se incluyó en un real decreto-ley aprobado a finales de 2024. Aunque el texto no fue convalidado por el Congreso en enero de 2025, Hacienda interpretó que, al estar en vigor a 1 de enero, los umbrales quedaban automáticamente prorrogados. Dado que la medida beneficiaba claramente a miles de autónomos, la decisión no generó contestación significativa.

Conviene recordar que el sistema de módulos permite calcular la base imponible del IRPF mediante una estimación indirecta de las ventas, basada en parámetros objetivos como el número de empleados, la superficie del local o la ubicación del negocio. Frente a ello, la estimación directa obliga a tributar por los ingresos reales, con mayores exigencias contables y administrativas. Para muchas pymes y autónomos, la continuidad de los módulos no es solo una cuestión fiscal, sino también de viabilidad operativa.