El TJUE rechaza petición de Amazon sobre publicidad online

EFE - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) denegó este miércoles la petición de Amazon de no tener que cumplir la ley europea que le obliga a ser transparente sobre los anuncios que muestra en internet, porque antepuso el interés general de los ciudadanos a tener un mercado de publicidad que respete los derechos fundamentales.

El vicepresidente del TJUE anuló hoy las medidas cautelares que la justicia europea concedió en septiembre a la empresa suspendiendo de forma temporal la designación que la Comisión Europea (CE) hizo de Amazon como una gran plataforma, obligándola así a cumplir la ley de servicios digitales, y en concreto, la exigencia de explicar a quién van dirigidos los anuncios que se ven en su web y quién los paga.

El letrado consideró que no es irrelevante el argumento de Amazon de que la obligación a tener que crear un repositorio sobre sus anuncios en internet limita ilegalmente su derecho fundamental a la vida privada y a la libertad de empresa.

También cree que si no se suspende esa obligación, la empresa puede sufrir un daño grave e irreparable antes de que el TJUE sentencie definitivamente si la designación de Amazon como una gran plataforma digital fue correcta o no. Sin embargo, el vicepresidente del tribunal señaló que deben tenerse en cuenta todos los intereses en juego antes de conceder a Amazon las medidas cautelares que el Tribunal General de la UE aceptó en septiembre.

En este sentido, afirmó que suspender temporalmente la decisión de la Comisión de designar a Amazon como una gran plataforma, «provocaría un retraso, potencialmente de varios años, de los objetivos que quiere lograr el reglamento de servicios digitales, permitiendo potencialmente que persista o se desarrolle un entorno en internet que amenace los derechos fundamentales». Así, «prevalecen los intereses que defiende la legislatura europea, frente a los intereses materiales de Amazon», señaló el vicepresidente del TJUE.

Ley de servicios digitales (DSA)

Bruselas había requerido información haciendo uso de la ley de servicios digitales (DSA) que ha entrado en vigor en 2023, la cual obliga a las grandes compañías de internet a eliminar rápidamente el contenido ilegal y a ser más transparentes en el funcionamiento de sus algoritmos.

La institución que preside Ursula von der Leyen ya había utilizado la DSA para pedir información a Meta, TikTok y la red social X tras abrirles una investigación sobre las medidas que están llevando a cabo para eliminar el contenido que, según Bruselas, promueve el terrorismo tras el ataque de Hamás a Israel. La Comisión Europea puede incluso, en el marco de esta nueva normativa, imponer multas si considera que las respuestas de las empresas a las que ha reclamado información son «incorrectas, incompletas» o contienen datos «engañosos».

A nivel general, el Ejecutivo comunitario puede ordenar medidas cautelares contra las empresas, hasta que culmine la investigación, si las plataformas no están actuando voluntariamente para eliminar los contenidos que chocan con la legislación europea.