Urge capital privado y reformar el sistema financiero en LATAM

Un reciente informe derivado de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla, destaca que América Latina y el Caribe enfrentan un déficit estructural de financiación estimado en 99.000 millones de dólares estadounidenses al año para cumplir con sus prioridades de desarrollo. La falta de recursos internos, el bajo crecimiento económico y un espacio fiscal limitado se perfilan como obstáculos clave que frenan el progreso hacia un desarrollo sostenible en la región.

El informe pone énfasis en que la movilización de capital privado, junto a una transformación del sistema financiero internacional, es fundamental para cerrar esa brecha. Tal como recoge el documento, “la actividad empresarial, la inversión y la innovación del sector privado son los principales impulsores del desarrollo sostenible”. Esta visión fue respaldada por el denominado Compromiso de Sevilla, adoptado por 192 Estados miembros de Naciones Unidas, que plantea triplicar la capacidad de los bancos multilaterales de desarrollo y establecer una plataforma de acción con cronogramas, recursos asignados e indicadores de seguimiento. 

En ese contexto, se estima que a nivel global se necesitarán entre 2,5 y 4 billones de dólares al año hasta 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Solo en acción climática, la cifra supera los 2 billones anuales. La CEPAL advierte que solo el 23% de las metas de los ODS en América Latina están en curso, mientras que el 36% están estancadas o en retroceso.

El informe identifica dos frentes de actuación para afrontar este reto: uno interno, que exige ampliar el espacio fiscal y mejorar la eficiencia del gasto, y otro externo, centrado en reformar la arquitectura financiera internacional, que según los organizadores de la conferencia, se encuentra desfasada respecto a las necesidades actuales. Creada en 1945, esta arquitectura no contempla realidades como la crisis climática, la revolución digital o las desigualdades sociales.

Capital privado, cooperación, y nuevos instrumentos financieros

Uno de los puntos centrales del informe es la necesidad de profundizar y diversificar el sistema financiero de América Latina, que actualmente muestra carencias en términos de acceso, inclusión y eficiencia. En 2022, el crédito al sector privado fue del 50% del PIB regional, muy por debajo del 80% de otras regiones. La capitalización del mercado de renta variable solo alcanzó el 35,9% del PIB, en comparación con el 64,7% de la OCDE.

Asimismo, la eficiencia del sistema es limitada. Los bancos de la región presentaron márgenes de interés netos del 5% en 2021, frente al 1,7% de la OCDE. Esta realidad encarece el crédito e impide que sectores vulnerables —como mujeres, jóvenes o trabajadores informales— accedan a productos financieros básicos. La innovación digital y la educación financiera se mencionan como vías prometedoras para mejorar la inclusión.

El informe también valora el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD). De los 473 instrumentos financieros analizados en 13 países de la región, el 39% se destinaban exclusivamente a mipymes. Sin embargo, solo el 19% abordaban temáticas clave como transición verde, igualdad de género o innovación digital, lo que refleja un campo con gran margen de mejora.

Entre las herramientas propuestas para movilizar recursos se destacan los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS), que en América Latina pasaron de representar el 9,3% de las emisiones en 2020 al 35% en 2023. También se promueven los bonos de catástrofe, los canjes de deuda por naturaleza, y las cláusulas sobre desastres naturales, que permiten a los países afectados por emergencias reestructurar su deuda de forma automática.

Finalmente, el informe defiende la diversificación de socios e instrumentos financieros. Proyectos conjuntos con entidades como el Grupo de Coordinación Árabe o el Fondo OPEP, así como iniciativas como la Agenda de Inversiones Global Gateway impulsada por la Unión Europea, buscan ofrecer nuevos canales de financiación con mayor seguridad jurídica y sostenibilidad.