UE aprueba reglamento contra comercio vinculado a esclavos

El Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento significativo que impactará la dinámica del comercio en el mercado único de la Unión Europea (UE). Esta nueva legislación, respaldada por una abrumadora mayoría con 555 votos a favor, 6 en contra y 45 abstenciones, tiene como objetivo principal erradicar la venta, importación y exportación de bienes fabricados a través de trabajos forzosos, independientemente de si estos productos se han creado dentro o fuera del continente europeo.

Con esta aprobación, el texto legislativo deberá pasar por una aprobación formal final del Consejo de la UE antes de ser publicado en el Diario Oficial. Posteriormente, los Estados miembros tendrán un plazo de tres años para comenzar la implementación de esta normativa en sus respectivos territorios. Esta ley permitirá a las autoridades de los Estados miembros y a la Comisión Europea llevar a cabo investigaciones sobre mercancías, cadenas de suministro y fabricantes que sean sospechosos de utilizar trabajo forzado en la producción de sus bienes.

Si se determina que un producto ha sido fabricado utilizando trabajo forzado, se prohibirá su venta en el mercado de la UE, incluidas las transacciones en línea, y los envíos serán interceptados en las fronteras de la Unión. La decisión de prohibir, retirar y destruir un producto se tomará por la autoridad que dirigió la investigación, y cualquier decisión adoptada por una autoridad nacional será aplicable en todos los Estados miembros bajo el principio de reconocimiento mutuo entre los países.

Donaciones, Reciclaje y Cadena Global

Además de la retirada de productos del mercado, los fabricantes involucrados tendrán que donar, reciclar o destruir los productos afectados. Aquellas empresas que incumplan con esta normativa se enfrentarán a sanciones monetarias, aunque podrán reintroducir los productos en el mercado una vez que hayan eliminado el uso del trabajo forzado de sus cadenas de suministro.

La legislación también establece que las decisiones de iniciar investigaciones se basarán en "información objetiva y verificable", que podría provenir de organizaciones internacionales, autoridades cooperantes y denunciantes. Asimismo, se requerirá que la Comisión Europea elabore una lista de sectores económicos y áreas geográficas donde se sabe que existe trabajo forzoso, lo que será un criterio clave para evaluar la necesidad de abrir una investigación.

En consecuencia, este marco legal no solo se centrará en la supervisión y el cumplimiento dentro de la UE, sino que también busca extender su alcance a la cooperación internacional, incluyendo la realización de controles e inspecciones en terceros países si así lo acuerdan las empresas y los gobiernos involucrados.

La Fundación para la Justicia Medioambiental ha expresado dentro de este contexto su apoyo a esta legislación, enfatizando la importancia de que no se convierta en "mera retórica" y que realmente se aplique de manera efectiva para tener un impacto significativo contra aquellos que explotan el trabajo forzado con fines lucrativos. La aprobación de este reglamento es un paso adelante en la lucha contra el trabajo forzado, afectando a millones de personas alrededor del mundo, manifestaron enfáticamente desde la organización no gubernamental.
 
Con información de EFE