La Generalitat Valenciana aprueba ayudas para quienes no tengan empleados, complementando los apoyos estatales de hasta 5.000 euros, con trámites simplificados
La Unión Europea (UE) ha inaugurado una nueva era en la disciplina fiscal con la aprobación definitiva de un conjunto de reglas revisadas que permiten a los estados miembros un mayor margen para gestionar sus deudas y déficits, al mismo tiempo que fomentan las inversiones en áreas estratégicas como la transición verde, la digitalización y la defensa. Esta decisión, que marca un cambio significativo respecto a las normativas anteriores, fue adoptada sin discusión previa en una votación durante la reunión de ministros de Agricultura de la UE, evidenciando un consenso amplio sobre la necesidad de actualizar el marco fiscal del bloque.
El nuevo sistema, que entrará en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, establece límites de deuda y déficit en el 60 % y el 3 % del PIB, respectivamente. Sin embargo, introduce una novedad importante: permite a los países miembros negociar con la Comisión Europea planes de ajuste fiscal a medida, que pueden extenderse de cuatro a siete años si se comprometen a realizar reformas significativas e inversiones en sectores clave.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la flexibilidad que ofrece para adaptar las trayectorias fiscales a las circunstancias específicas de cada país. Esto se traduce en la posibilidad de que los estados que superen el límite de deuda del 90 % del PIB deban reducirla al menos un punto porcentual por año, y aquellos cuya deuda se sitúe entre el 60 % y el 90 % del PIB, medio punto porcentual anual. Además, se establece que los países con déficits por debajo del 3 % del PIB deben continuar ajustándolos hasta alcanzar un margen de seguridad del 1,5 %, proporcionando así un "colchón" que podría ser vital en tiempos de crisis económica.
Cambio normativo y reducción de multas
La Comisión Europea jugará un rol crucial en este proceso, ya que será la responsable de supervisar el cumplimiento de estos planes y de aplicar sanciones en caso de desviaciones. Las penalizaciones, aunque reducidas en comparación con el régimen anterior, implicarán multas del 0,05 % del PIB cada seis meses si no se cumplen los objetivos pactados. Esto busca garantizar una mayor disciplina fiscal mientras se evita la repetición de escenarios pasados donde las multas, por elevadas que fueran, rara vez se aplicaban.
Este cambio normativo no solo es un reflejo de la evolución de las prioridades económicas de la Unión Europea sino también una respuesta a las críticas que sugerían que las reglas anteriores eran demasiado rígidas y no permitían suficiente espacio para políticas proactivas en momentos de recesión o para inversiones esenciales. La nueva política permite a los estados miembros planificar y ejecutar sus presupuestos con una visión más a largo plazo y alineada con sus objetivos de desarrollo económico y social.
Con estas medidas, la UE busca equilibrar la necesidad de mantener la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal con la flexibilidad requerida para invertir en el futuro. La implementación de esta reforma fiscal será clave para determinar cómo los países miembros manejan sus finanzas en un contexto global cambiante, marcado por desafíos económicos emergentes y la necesidad de una transformación sostenible en diversas esferas.
Con Información de EFE
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