España deberá hacer un ajuste en su sistema de pensiones

La previsión de gastos en pensiones de Bruselas sugiere que España podría enfrentar un desfase de 0.8% del PIB, o aproximadamente 11,695 millones de euros, en su sistema de pensiones. Esta estimación aún es provisional y depende de la actualización futura de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que podría ajustar sus cifras en 2025.

La Comisión Europea ha proyectado que, tras las reformas recientes, el gasto en pensiones podría alcanzar un promedio anual del 15.1% del PIB de 2022 a 2050. Sin embargo, descontando los ingresos estimados por la AIReF, que se espera sean del 1% del PIB, el gasto neto anual sería del 14.1%. Esto excede en 0.8 puntos porcentuales el límite del 13.3% del PIB establecido en la cláusula de cierre de la reforma de pensiones.

La reforma de pensiones, aprobada en la última legislatura, incluyó esta cláusula de cierre que se basa en las proyecciones de gasto del informe de envejecimiento de Bruselas y en la evaluación de las medidas para reforzar los ingresos. Si las proyecciones futuras de la AIReF resultan ser más altas de lo anticipado actualmente, este desfase podría reducirse significativamente.

Nivel de gasto

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comentado que el nivel de gasto actual es solo ligeramente superior a las previsiones del gobierno y que aún es necesario evaluar las proyecciones de ingresos generados por las nuevas medidas. Mientras tanto, la economía española muestra signos de dinamismo, lo que aporta un mensaje de "tranquilidad y esperanza".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reafirmó esta perspectiva en Washington, indicando que, según las estimaciones actuales, no parece necesario un ajuste en el sistema de pensiones para 2025. Estas declaraciones se alinean con las expectativas del gobierno y buscan transmitir una sensación de estabilidad respecto a los futuros gastos en pensiones.

Necesidad de tomar medidas

De acuerdo con la reforma, si eventualmente la evaluación de la AIReF muestra un gasto neto superior al 13.3% del PIB, el gobierno deberá tomar medidas correctivas. Estas incluirían la elaboración de un listado de posibles ajustes y la solicitud de un informe a la AIReF para cuantificar su impacto. Posteriormente, se negociarían ajustes con los agentes sociales y se enviaría un proyecto de ley al Parlamento para su aprobación y entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente.

Por su parte, El Banco de España ha señalado en su informe primaveral que al cierre de 2023, la relación deuda pública/PIB alcanzó el 107,7%, situándose más de 30 puntos porcentuales por encima de la media simple de la UE. Esto implicaría la necesidad de considerar varias estrategias, incluyendo la reestructuración de la deuda, la implementación de políticas de austeridad más estrictas, entre la que señala a las propias pensiones, o el estímulo del crecimiento económico a través de reformas estructurales.

"Mientras algunos países han logrado mantener sus niveles de endeudamiento dentro de límites manejables, España se ha enfrenta a un reto significativo debido a su alto nivel de deuda, lo que no solo afecta la percepción de riesgo por parte de los inversores, sino que también limita las opciones de política económica del gobierno español", afirma.

Con información de EFE