ASEDA pide mayor compromiso de Europa para supermercadistas

El comercio en general es considerado el mayor empleador privado de Europa, con 26 millones de europeos trabajando en el sector, lo que representa uno de cada siete de la población activa, aportando el 10% del PIB de la Unión;  en España el comercio minorista suma casi dos millones de empleos y aporta el 5.4% del PIB.

Con estos datos, la Asociación de Empresas de Supermercado ASEDAS, ha lanzado un comunicado, peticionado al Parlamento Europeo en pos de la defensa del comercio y, en particular, en la comprensión de los sistemas de distribución alimentaria, considerando existe una falta de interés en el sector por parte de la actual composición y a la espera de la renovación en las próximas elecciones del 9 de junio: "debería ser una oportunidad para que la distribución alimentaria tenga portavoces líderes en cada grupo político y comisiones específicas que trabajen las prioridades del sector", manifiestan.

Y es que el sector de la distribución alimentaria es un pilar esencial de los 14 ecosistemas estratégicos definidos por la Comisión Europea en su propuesta de reforma de la política industrial. Durante la pandemia de Covid-19, la importancia de la soberanía alimentaria y la solidez de los sistemas de producción y distribución de alimentos quedó claramente demostrada. 

Para la asociación, este sector no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también es un motor de empleo y crecimiento económico en la Unión Europea (UE). En España, por ejemplo, 465,000 personas trabajan en la llamada "distribución organizada" y más de 60,000 son emprendedores en franquicias y cooperativas de alimentación. ASEDAS, que representa a más del 75% de la distribución alimentaria minorista y mayorista en España, destaca tres grandes retos para el sector:

Personas: El sector es intensivo en empleo, y los trabajadores son su gran fortaleza. Actualmente, el ámbito laboral enfrenta desafíos como la necesidad de reducir el ausentismo, atraer y retener talento, reducir el coste regulatorio y formar a los trabajadores en nuevas competencias como la digitalización y la economía circular.

Competitividad: Las empresas de distribución alimentaria necesitan una regulación que proporcione seguridad jurídica y un entorno comercial estable. Normativas como el Reglamento de Morosidad o la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales deben ser interpretadas y aplicadas correctamente para no afectar negativamente a las empresas. El marco regulatorio debe garantizar la seguridad alimentaria, relaciones comerciales estables, seguridad física y digital, y la calidad y etiquetado adecuado de los productos. Además, es crucial salvaguardar las centrales o alianzas de compra como garantía de competencia y vertebración territorial.

Sostenibilidad: El sector de la distribución alimentaria es clave para las políticas europeas de sostenibilidad medioambiental y social. El Green Deal y las normas de sostenibilidad ESG implican desarrollar más de 600 nuevas normas en la próxima legislatura europea. Es vital que el legislador escuche y llegue a acuerdos con las empresas, trabajando juntos para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles que respondan a los retos globales y a las demandas de los consumidores.

A pesar de la relevancia del sector, Felipe Medina, secretario general, considera que los esfuerzos deben ser redoblados por parte de Europa si se desea mantenerla autosuficiente y cohesionada en este proceso de redefinición de las cadenas de valor.

Con Información de EFE