Nuevos impuestos a multinacionales, banca y pymes, pero con veto al impuesto energético tras el acuerdo entre PP, Junts y PNV, tal se había anticipado.
La reciente firma del "acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña" entre el PSC y ERC, en el marco del pacto de investidura de Salvador Illa, promete transformar significativamente la estructura fiscal de la región. Este acuerdo prevé el traspaso del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña a la Agencia Tributaria de Cataluña, convirtiéndose en uno de los organismos tributarios más poderosos del país.
El acuerdo permitirá a la Generalitat de Cataluña elevar su recaudación fiscal en unos 25.000 millones de euros adicionales, alcanzando un total cercano a los 50.000 millones. En detalle, esto incluye más de 11.000 millones adicionales en concepto de Renta y 7.000 millones de IVA. La Agencia Tributaria de Cataluña gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos en la región, lo que podría implicar el traspaso de parte de los 5.000 funcionarios de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña al nuevo organismo regional.
Según los datos del Ministerio de Hacienda, Cataluña actualmente recibe unos 11.500 millones de la recaudación de IRPF y 7.000 millones de IVA a través del sistema de caja común. Con el nuevo acuerdo, la totalidad de estos ingresos se quedarían en Cataluña, duplicando efectivamente los ingresos fiscales de la Generalitat y elevando su participación al 23% de los ingresos totales de IRPF y al 20% del IVA.
Repercusiones en el Sistema de Financiación Autonómica
El cambio propuesto amenaza con alterar de manera sustancial la caja común de financiación autonómica. Hasta ahora, todas las comunidades autónomas del régimen común se financiaban a través de una combinación de tributos estatales, impuestos cedidos y fondos estatales, distribuidos según diversos criterios para reducir las desigualdades. Este sistema, aunque vigente desde 2014 y pendiente de reforma, ha infrafinanciado a regiones como Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.
En 2021, solo Madrid, Cataluña y Baleares realizaron aportaciones netas a la caja común, con 6.313 millones, 2.168 millones y 334 millones, respectivamente. El acuerdo entre PSC y ERC podría cambiar esta dinámica, ya que Cataluña dejaría de hacer aportaciones a la caja común y gestionaría directamente toda su recaudación fiscal. Este cambio implica que Cataluña abonaría al Estado un cupo por los servicios prestados y una aportación solidaria al resto de regiones, cuyos detalles aún están por definir.
La implementación de este nuevo sistema conlleva varios desafíos logísticos y administrativos, especialmente en lo referente al traspaso de personal y recursos de la Agencia Tributaria estatal a la regional. Los colectivos de inspectores y técnicos de Hacienda ya han expresado su preocupación ante esta posibilidad.
Además, queda la incertidumbre sobre cómo se reequilibrará la caja común tras la pérdida de las aportaciones de Cataluña. Aunque el Ministerio de Hacienda asegura que el concierto garantizará la solidaridad interterritorial y la prestación de servicios en toda España, no se ha detallado cómo se cubrirá la brecha financiera que dejará Cataluña.
El acuerdo entre PSC y ERC representa un cambio significativo en la financiación de Cataluña, con implicaciones profundas tanto para la región como para el conjunto del sistema de financiación autonómica en España. La duplicación de los ingresos fiscales de la Generalitat y la creación de una potente Agencia Tributaria regional marcarán un antes y un después en la gestión tributaria de Cataluña, mientras el resto del país observa atentamente cómo se desarrollan estos cambios y sus repercusiones a nivel nacional.
Ante estos posibles escenarios, la recomendación general es reducir posiciones en Bolsa y mantener una estrategia diversificada que proteja el capital
Buscan facilitar la acreditación de competencias profesionales, impulsando la formación laboral en las pymes mediante servicios de orientación e información
La ratificación del acuerdo enfrenta la oposición de países como Francia, y la presión de China, que busca adelantar a Europa en América Latina.
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