Gobierno endurece obligaciones de información en criptos

El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento del control sobre las criptomonedas con la aprobación de un anteproyecto de ley que transpone la Directiva europea DAC8. Esta iniciativa busca cerrar las brechas existentes en la regulación del dinero electrónico, imponiendo nuevas exigencias de información a los proveedores de servicios de criptoactivos, además de permitir a Hacienda embargar las monedas virtuales de los contribuyentes con deudas tributarias.

El anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Hacienda, reconoce expresamente a las criptomonedas como bienes susceptibles de embargo, equiparándolos a los activos tradicionales sujetos a incautación. Esta medida, según la Administración, se justifica como una respuesta a la evolución de los medios de pago y de los servicios bancarios, en los que las tecnologías de registro de criptoactivos han adquirido un papel relevante.

El texto legislativo, tras someterse al periodo de consultas pertinentes, buscará modificar la Ley General Tributaria y otros marcos legales necesarios para su implementación definitiva. En concreto, el anteproyecto adapta las obligaciones informativas sobre criptomonedas situadas en el extranjero y sobre los saldos en las mismas. En este contexto, se sustituye el concepto de "moneda virtual" por el más amplio de "criptoactivo", alineándose así con la terminología utilizada por otros organismos internacionales.

La norma también introduce nuevas obligaciones para los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos. Estos deberán cumplir con estrictos requisitos de diligencia debida e información, tanto en lo que respecta a usuarios residentes en España como no residentes. De este modo, el Gobierno pretende asegurar que el sector de las criptomonedas no siga siendo un refugio para quienes buscan evadir sus responsabilidades fiscales.

Integración en el marco europeo

Desde el Ministerio de Hacienda han señalado que estos embargos funcionarán igual que cualquier otro aplicado sobre bienes o derechos de los contribuyentes con deudas tributarias. "Se gira diligencia de embargo y se coarta la disposición de esos bienes hasta la cuantía que toque", detallan desde la Administración.

Además de la inclusión de las criptomonedas como activos embargables, la transposición de la DAC8 permitirá a España integrarse en el marco europeo de cooperación administrativa en materia fiscal, asegurando el intercambio de información con otros estados miembros de la Unión Europea. Según explicó el Ministerio, este refuerzo en el intercambio de información internacional será clave en la lucha contra el fraude y la mejora de la transparencia fiscal.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, destacó en un comunicado que esta normativa situará a España a la vanguardia en el ámbito de la regulación de criptoactivos, contribuyendo al desarrollo de un marco regulador robusto. “Su puesta en marcha permitirá dar cumplimiento a las obligaciones de asistencia mutua con otros países, garantizando una mayor transparencia en las transacciones y operaciones realizadas con criptoactivos”, subrayó.

A medida que el uso de criptomonedas se extiende a nivel global, los gobiernos y entidades regulatorias buscan nuevas formas de adaptar sus sistemas fiscales a este nuevo panorama. La transposición de la DAC8 representa un paso adelante en la protección de los sistemas tributarios nacionales frente a la opacidad de estos activos, ofreciendo herramientas más efectivas para combatir el fraude fiscal.

El próximo paso de la ley será su remisión al Congreso de los Diputados, donde iniciará su tramitación parlamentaria. Durante este proceso, se espera que la ley reciba ajustes y mejoras a medida que se discuta con los diferentes actores políticos y del sector financiero.