
En la práctica, el nuevo esquema fiscal establece que los pequeños negocios aplicarán tipos situados entre el 21% y el 24% según nivel de ingresos
Nuevos impuestos a multinacionales, banca y pymes, pero con veto al impuesto energético tras el acuerdo entre PP, Junts y PNV, tal se había anticipado.
ECONOMÍA & POLÍTICA20/12/2024
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El Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente la reforma fiscal impulsada por el Gobierno. Este marco legislativo incorpora un conjunto de medidas tributarias destinadas a aumentar la recaudación, entre las que se incluyen un tipo mínimo global para multinacionales, impuestos específicos para la banca y el sector del vapeo, y ajustes fiscales destinados a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, la jornada parlamentaria estuvo marcada por la eliminación del polémico impuesto a las compañías energéticas, una decisión respaldada por la alianza entre el Partido Popular (PP), el PNV y Junts per Catalunya.
La normativa incluye medidas clave como el establecimiento de un tipo impositivo mínimo del 15% para las multinacionales con ingresos superiores a los 750 millones de euros, siguiendo el acuerdo internacional del Pilar 2 de la OCDE. Este pacto busca garantizar que las grandes corporaciones tributen de manera equitativa, limitando la práctica de trasladar beneficios a países con baja fiscalidad. España, que enfrentaba un posible proceso sancionador por retrasos en la transposición de esta directiva, ahora cumple con los plazos exigidos por la Unión Europea.
Otro aspecto relevante de la reforma es el nuevo tributo sobre los márgenes de intereses y comisiones de las entidades financieras. Con un tipo marginal del 7%, este impuesto reemplazará el modelo vigente hasta 2026. Además, se incrementará el tipo del IRPF para las rentas del ahorro que superen los 300.000 euros, alcanzando un máximo del 30%.
El aspecto más controvertido de la sesión fue la eliminación del impuesto a las empresas energéticas. Este tributo, cuya prórroga estaba prevista para ser aprobada mediante decreto, no logró el respaldo necesario debido al voto conjunto del PP, PNV y Junts. Aunque el Gobierno planea insistir en su implementación, las perspectivas de éxito son limitadas ante la falta de apoyo en futuras sesiones.
El veto refleja tensiones entre los socios del Gobierno. Mientras el ala izquierda del Hemiciclo defendía la continuidad del gravamen para reforzar la justicia tributaria, Junts advirtió que apoyarlo podría afectar negativamente a las inversiones en infraestructuras energéticas, una postura que finalmente inclinó la balanza.
La reforma también introduce beneficios para las pymes, como una aceleración de las rebajas fiscales societarias originalmente previstas para 2027, que ahora se implementarán plenamente en 2025. Estas medidas buscan aliviar la carga fiscal de un sector clave en la economía española.
El PP, aunque no logró la aprobación de todas sus enmiendas, promovió iniciativas como la bonificación gradual del IRPF para jóvenes de entre 18 y 35 años, así como incentivos fiscales a asociaciones deportivas y productos lácteos fermentados. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas en última instancia, limitándose los cambios en la normativa a aspectos secundarios.
La aprobación de esta reforma subraya la complejidad de las negociaciones parlamentarias en torno a la política fiscal, donde las prioridades recaudatorias del Gobierno se enfrentan a las exigencias de sus socios y a la oposición. Con medidas que afectan desde grandes corporaciones hasta las pequeñas empresas, el impacto de esta normativa será un tema central en los próximos años.

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