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Se trata de una campaña de los Gestores Administrativos para limitar las notificaciones electrónicas a horarios laborales, buscando mejorar la calidad de vida.
ECONOMÍA & POLÍTICAEl Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha encontrado un aliado clave en su lucha por regular los horarios de emisión de notificaciones electrónicas por parte de la Administración: la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En una reunión reciente, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresó su apoyo a la campaña impulsada por los gestores administrativos, que busca limitar las notificaciones a un horario razonable, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas.
Esta iniciativa surge como respuesta a un problema que afecta a miles de profesionales y empresas en España: la recepción de notificaciones electrónicas en horarios intempestivos, incluyendo fines de semana y festivos. Para las pymes, que suelen operar con equipos reducidos y recursos limitados, esta situación representa una carga adicional que impacta negativamente en su productividad y en la calidad de vida de sus empleados.
Las notificaciones electrónicas son una herramienta esencial en la relación entre las empresas y la Administración. Sin embargo, su emisión en horarios no laborables ha generado un malestar generalizado entre los profesionales. Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, explicó que esta práctica no solo dificulta la organización del trabajo, sino que también genera estrés y desequilibrios en la conciliación laboral y personal. Para las pymes, este problema es aún más acuciante. Muchas de estas empresas no cuentan con departamentos administrativos dedicados exclusivamente a gestionar trámites, por lo que las notificaciones fuera de horario suelen recaer sobre los propios empresarios o empleados, quienes se ven obligados a estar "siempre conectados". Esto no solo afecta a su bienestar, sino que también limita su capacidad para competir en un mercado cada vez más exigente.
Durante la reunión, Garamendi trasladó el apoyo de la CEOE a la campaña de los Gestores Administrativos, que incluye una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. Además, la confederación está animando a sus organizaciones territoriales y sectoriales, así como a las asociaciones vinculadas, a sumarse a esta iniciativa. Garamendi destacó la importancia de hacer un frente común ante la Administración para lograr una mayor eficiencia en los procedimientos. "Es fundamental que las notificaciones electrónicas se ajusten a horarios razonables, que permitan a las empresas organizarse mejor y optimizar sus recursos", afirmó.
Este respaldo no es casual. La CEOE representa a más de 1,3 millones de empresas en España, muchas de ellas pymes, que son las más afectadas por las cargas administrativas. Según datos de la propia confederación, las pequeñas y medianas empresas dedican una media de 20 horas al mes a gestionar trámites burocráticos, lo que supone un coste anual de miles de euros. La regulación de los horarios de notificaciones electrónicas no es solo una cuestión de comodidad, sino también de competitividad. Para las pymes, cada minuto dedicado a gestionar trámites administrativos es un minuto menos para dedicar a actividades productivas, como la innovación, la atención al cliente o la expansión de su negocio.
Además, la recepción de notificaciones fuera de horario puede generar **problemas legales**. Muchas empresas, especialmente las más pequeñas, no cuentan con personal disponible para gestionar estas comunicaciones en tiempo real, lo que puede derivar en sanciones o retrasos en los plazos de respuesta.
La campaña de los Gestores Administrativos y el respaldo de la CEOE no solo buscan mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sino también impulsar una modernización de la Administración. En un mundo cada vez más digitalizado, es esencial que los procedimientos administrativos se adapten a las necesidades reales de las empresas y los ciudadanos. Esta iniciativa, afirman, se enmarca en un contexto más amplio de reformas necesarias para reducir las cargas administrativas que lastran la competitividad de las pymes españolas. Según el informe Doing Business del Banco Mundial, España ocupa el puesto 30 en facilidad para hacer negocios, por detrás de países como Francia, Alemania o Portugal.
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