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El informe detalla que España aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, lo que la sitúa como el tercer país de la UE con más barreras al comercio
ECONOMÍA & POLÍTICA17/06/2025El Instituto Juan de Mariana (IJM) presentó en Madrid su último informe, titulado La Curva de Laffer Regulatoria, un análisis que cuantifica el impacto económico de la sobrerregulación en España. Según el estudio, el entramado normativo español actúa como un “impuesto oculto” que alcanza un coste anual de 70.000 millones de euros, lo que equivale a 1.470 euros por ciudadano o 4.410 euros por hogar. Esta carga, advierten los autores, lastra en particular la competitividad y la innovación de autónomos y pymes, pilares esenciales del tejido empresarial español.
Uno de los sectores más perjudicados es el pequeño comercio, que ha perdido 3.500 establecimientos de alimentación por el peso de la burocracia y los costes fiscales. El informe detalla que España aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, lo que la sitúa como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista. Desde el IJM se afirma que “el propio sector del retail y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10 por ciento generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros”.
El estudio introduce el concepto de la Curva de Laffer Regulatoria, según el cual una regulación moderada puede favorecer el crecimiento económico, pero a partir de cierto umbral —estimado en 450 normas anuales por comunidad autónoma— los efectos se tornan negativos. Entre 2015 y 2022, el Índice de Complejidad Regulatoria español cayó un 50 %, lo que sitúa al país en la antepenúltima posición entre 63 economías analizadas.
España ha desarrollado una descentralización legislativa que ha transferido amplias competencias normativas a las comunidades autónomas. Esta situación ha derivado en una proliferación desigual de normas. Por ejemplo, Cataluña, con 766 normas anuales, se sitúa en el tramo descendente de la Curva de Laffer Regulatoria. En contraste, regiones como Madrid o el País Vasco, con menor densidad normativa, exhiben mejores indicadores económicos. Según el IJM, “el volumen de regulación por cada 1.000 euros de renta per cápita es hasta cuatro veces mayor en Cataluña que en estas regiones”. El director del IJM, Manuel Llamas, fue claro: “España, por desgracia, se ha convertido en un infierno fiscal, pero también en un infierno regulatorio”. A su juicio, la combinación de subidas de impuestos e hiperregulación explica el estancamiento económico reciente y el progresivo empobrecimiento de la ciudadanía.
Durante la presentación, Grant Hunter, exministro de Desregulación de Alberta (Canadá), añadió: “las pymes son quienes crean dos de cada tres nuevos empleos y, al mismo tiempo, son las pymes y los emprendedores los que más y peor afectados se ven por la burocracia”. Daniel Lacalle también subrayó que los empresarios españoles deben dedicar al menos 49 días al año únicamente a trámites administrativos, lo que calificó de “inaceptable además de ineficiente”.
El informe destaca sectores especialmente afectados por el exceso normativo como la vivienda, donde el desarrollo de obra nueva se retrasa hasta 14 años; la salud, con 500 días de espera para registrar nuevos medicamentos; o la energía, donde se acumulan seis normas ambientales por cada una existente en países vecinos como Francia. Además, en el ámbito de la economía colaborativa, la Ley Rider ha provocado —según datos del Instituto IZA— una reducción del 7 % en el empleo, un 3 % en los salarios y un 2,5 % en las horas trabajadas.
Como solución, el IJM propone una simplificación normativa basada en el tamaño de las empresas, eliminando duplicidades y estableciendo una regulación proporcional. Este enfoque, afirman, no solo reduciría los costes, sino que también liberaría recursos equivalentes a toda la recaudación del IVA, sin necesidad de aumentar los impuestos. En un país donde el 99 % del tejido empresarial está compuesto por pymes y autónomos, el IJM considera que abordar la carga regulatoria es una prioridad ineludible para mejorar la productividad, atraer inversión y facilitar el crecimiento.
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El plan se estructura en dos grandes bloques: El primero incluye medidas de protección al tejido productivo. Se suma el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva
El anteproyecto puede representar una oportunidad para actualizar la regulación a una realidad marcada por los nuevos hábitos de consumo, afirman
El acuerdo prevé un impulso a la transición ecológica, facilitando la adopción de renovables, la economía circular y la reactivación del sector forestal o energético
Afirman que el país no solo ofrece condiciones óptimas para la inversión, sino que presenta una visión de desarrollo alineada con la sostenibilidad, y la apertura económica
El evento representa una oportunidad para “amplificar la voz de la mujer emprendedora y reforzar una comunidad que se apoya y se inspira mutuamente