España pierde más de 19.000 pymes en siete meses

España afronta una contracción silenciosa pero profunda en su tejido productivo. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, el número de pequeñas y medianas empresas inscritas en la Seguridad Social cayó en 19.177 registros, lo que equivale a un descenso del 1,1% en el total de compañías. Esta merma ha supuesto la desaparición de más de 60.000 puestos de trabajo, según datos del Ministerio de Trabajo.

El ajuste ha golpeado con especial fuerza a los negocios más pequeños. En apenas siete meses, se han cerrado 10.247 microempresas de uno o dos empleados, a las que se suman 6.791 compañías con plantillas de entre 3 y 5 trabajadores y 2.139 de hasta 9 empleados. En contraste, las medianas y grandes corporaciones han resistido mejor el escenario adverso, aunque su estabilidad no compensa la sangría que sufre el ecosistema de pymes.

Esta tendencia confirma una debilidad estructural: el 94% de las empresas en España son microempresas con menos de 10 trabajadores, lo que las convierte en actores especialmente sensibles a cualquier incremento de costes o a cambios regulatorios.

Costes crecientes y presión regulatoria

El economista José Ramón Riera explica que uno de los principales detonantes de esta crisis es el impacto del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las cotizaciones sociales. “No puede ser que al mismo salario, la responsabilidad de cotizar sea exactamente la misma para una empresa de dos trabajadores que para otra de 20.000. Es una de las mayores injusticias de nuestra economía”, advierte.

A esta presión se suman otros factores como la inflación, el incremento del coste energético y los alquileres, así como la dificultad para acceder a financiación en un entorno de tipos de interés elevados. Sectores como el comercio minorista, la hostelería y los servicios personales concentran buena parte de los cierres. Mientras tanto, las grandes corporaciones han optado por estrategias de ajuste que incluyen digitalización, inteligencia artificial y reorganización interna, herramientas fuera del alcance de muchos pequeños negocios que carecen de margen financiero para invertir.

El efecto inmediato es visible en barrios y pueblos: tiendas, colmados y pequeños servicios que bajan la persiana de manera definitiva. La desaparición de estas unidades productivas no solo impacta en las cifras de empleo, sino también en la cohesión social. En la llamada España vaciada, los cierres suponen la pérdida de servicios básicos y de oportunidades para jóvenes y mujeres, colectivos más dependientes de las pymes locales.

Además, la reducción del número de autónomos y pequeños empresarios implica menor dinamismo económico en las comunidades, debilitando la capacidad de innovación y de creación de riqueza distribuida.

El reto de proteger a quienes generan empleo

La magnitud del ajuste abre un debate urgente para la política económica. Desde distintas asociaciones empresariales se insiste en la necesidad de medidas más equilibradas, como cotizaciones progresivas según el tamaño de la empresa, incentivos fiscales o programas de apoyo a la digitalización adaptados a la realidad de los negocios más pequeños.

El Gobierno, por su parte, ha puesto en marcha diferentes líneas de apoyo a pymes a través de programas de créditos ICO, ayudas a la digitalización y formación en competencias digitales. Sin embargo, los expertos consideran que estas iniciativas no logran compensar el efecto de la subida de costes fijos.

“Se están perdiendo quienes realmente generan trabajo”, subraya Riera. La advertencia apunta a un riesgo de polarización en el mercado: un ecosistema dominado por grandes corporaciones mientras se desintegra el entramado de microempresas que sostiene el empleo local y la vida económica de barrios y municipios.