¿Una vuelta a 1957?

Cuando en 1957 se firmaron los Tratados de Roma, el objetivo era construir un mercado común que, en aquel contexto de posguerra, garantizara la estabilidad, la reconstrucción económica y, sobre todo, la paz entre países que hasta hacía poco se habían enfrentado en dos conflictos mundiales. Se trataba, esencialmente, de un proyecto económico y comercial: eliminar aranceles, abrir mercados, facilitar la circulación de bienes y personas. El sueño de una unión política quedaba entonces en un horizonte lejano, más aspiracional que real.

Hoy, más de seis décadas después, la Unión Europea atraviesa una paradoja. Tras haber conseguido niveles de integración sin precedentes —moneda común, políticas regulatorias, fondos de cohesión, un Tribunal de Justicia supranacional e incluso una diplomacia propia—, corre el riesgo de involucionar y quedar reducida a aquello que fue en sus orígenes: una unión aduanera.

Los datos no mienten. Según Eurostat, en 2000 la UE representaba más del 25 % del PIB mundial; en 2024, apenas supera el 14 %. El bloque envejece: Eurostat proyecta que en 2050 un 30 % de la población europea tendrá más de 65 años, lo que compromete el mercado laboral y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. La brecha con Estados Unidos en innovación es creciente: la inversión europea en I+D ronda el 2,2 % del PIB, frente al 3,5 % de EE.UU. y el 4,8 % de Corea del Sur. Mientras tanto, el auge de Asia, especialmente China e India, desplaza progresivamente el centro de gravedad de la economía global.

En lo político, los signos de fatiga son evidentes. El Brexit, lejos de desatar un efecto dominó, dejó al descubierto los costes y complejidades de abandonar el club, pero también mostró la fragilidad del consenso europeo. El avance de partidos euroescépticos en países clave como Francia, Italia, Hungría o Polonia refleja que la idea de una mayor integración ya no genera adhesión mayoritaria. Más aún: muchos gobiernos utilizan a Bruselas como chivo expiatorio de problemas internos, debilitando la legitimidad de las instituciones comunes.

La consecuencia práctica de este escenario es la parálisis. La defensa común, la política migratoria, la armonización fiscal o la política exterior quedan en suspenso por los vetos cruzados y el peso creciente de las agendas nacionales. El resultado puede ser una Europa que, manteniendo formalmente sus instituciones, funcione en la práctica como un mercado aduanero avanzado, pero sin músculo político ni capacidad de influencia global.

Para las pymes españolas, este viraje tendría implicaciones directas. Hoy, formar parte de la UE no es solo comerciar sin aranceles: es contar con fondos europeos para modernización y digitalización, acceder a programas de innovación compartidos como Horizonte Europa, beneficiarse de la estabilidad monetaria del euro y tener un marco regulatorio homogéneo que facilita operar en distintos países sin duplicar costes administrativos. Si Europa retrocede a un esquema aduanero, gran parte de estas ventajas se erosionarían. Las pymes tendrían que enfrentar un mosaico regulatorio más fragmentado, con menos financiación comunitaria y mayor incertidumbre en materia fiscal y laboral.

Impacto Iberoamericano

El impacto no se limitaría a España. Muchas pymes latinoamericanas —mexicanas, chilenas, panameñas— miran a la UE como una plataforma de internacionalización hacia mercados de alto poder adquisitivo. Lo hacen confiadas en la existencia de reglas comunes, estabilidad jurídica y previsibilidad institucional. Si el bloque se reduce a un espacio comercial sin cohesión política, esa percepción de Europa como “puerto seguro” se debilitaría. La UE dejaría de ser un socio estratégico diferenciado frente a Estados Unidos o Asia, para convertirse en un competidor más dentro de un tablero global cada vez más disputado.

Conviene recordar que los tratados de libre comercio que la UE negocia con América Latina (el de México modernizado, el de Chile recientemente ratificado o el pendiente con Mercosur) se apoyan en la fortaleza del bloque como entidad política única. Si esa fuerza se diluye, también se debilita el atractivo de esos acuerdos y su capacidad de ofrecer ventajas claras frente a tratados bilaterales que cada país latinoamericano podría firmar con otras potencias.

¿Estamos condenados a esa regresión? No necesariamente. Europa conserva activos formidables: un mercado de 450 millones de consumidores con alta renta per cápita, estándares regulatorios que marcan referencia global (el llamado “efecto Bruselas”), una red de infraestructuras de primer nivel y un capital humano cualificado. Pero para no caer en la irrelevancia debe dar un salto en innovación, digitalización y, sobre todo, en su capacidad política de actuar unida.

El riesgo, sin embargo, es real. Y las pymes no pueden ignorarlo. El escenario de una UE reducida a unión aduanera implicaría operar en un entorno más incierto, con menos apoyos financieros comunitarios y mayores barreras no arancelarias. Prepararse para ello supone diversificar mercados, reforzar la competitividad interna y aprovechar mientras tanto los fondos y programas europeos que aún están disponibles.

Europa nació como unión aduanera y, si no reacciona, puede terminar su recorrido histórico regresando a ese punto de partida. Para las pymes, la cuestión no es menor: de la ambición europea dependerá en gran medida que sus proyectos de internacionalización se apoyen en un marco sólido o que tengan que navegar en un océano de fragmentación regulatoria y debilidad política. La historia demuestra que las uniones económicas sin voluntad política suelen acabar reducidas a poco más que papel mojado.