Presión arancelaria de EE.UU reactiva el acuerdo UE-Mercosur

La ofensiva comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la imposición de aranceles del 10% a buena parte de sus socios comerciales, ha reactivado el interés político por poner en marcha, de una vez por todas, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, un tratado que lleva más de dos décadas de negociaciones y cuya firma oficial se produjo en diciembre de 2024. 

El tratado, que afecta a más de 800 millones de consumidores, prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, además de incluir disposiciones sobre desarrollo sostenible, cooperación técnica y derechos laborales. Pese a su potencial transformador para las economías latinoamericanas y europeas, su ratificación aún está pendiente en los parlamentos de los 27 países de la UE y los cuatro del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

En un contexto de creciente proteccionismo global, el acuerdo podría representar una herramienta clave para fortalecer el multilateralismo económico, reducir la dependencia del comercio con EE. UU. y ofrecer una plataforma de crecimiento basada en principios de sostenibilidad y equidad.

Cambios de postura y presión diplomática

El giro reciente en la postura de algunos países europeos, como Francia, que históricamente se han mostrado reticentes a ratificar el acuerdo por las presiones del sector agrícola, marca un posible punto de inflexión. El ministro francés de Economía, Éric Lombard, reconoció que “esta dificultad que afecta al comercio internacional debe llevarnos a acelerar las discusiones en favor del Mercosur”, aunque admitió que aún no se han cumplido todas las condiciones, especialmente en materia de medioambiente y agricultura. Por su parte, el ministro brasileño de Finanzas, Fernando Haddad, defendió en París una visión política del tratado: “No se trata de ganar o perder producto por producto, sino de una convergencia de valores democráticos y sostenibles”. Subrayó que el pacto debe interpretarse como un instrumento geopolítico, más que como una simple herramienta de liberalización comercial, y pidió a la UE que deje de lado “la mezquindad” en su análisis.

Haddad también alertó sobre el riesgo de que nuevas medidas ambientales como el impuesto climático europeo se conviertan en barreras comerciales encubiertas, lo que dificultaría la implementación del acuerdo y pondría en duda el compromiso europeo con un comercio verdaderamente justo y sostenible.

Desde el Mercosur, el respaldo político al acuerdo es evidente. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, destacó su relevancia para abrir nuevos destinos a productos clave como la carne, al tiempo que defendió el papel del bloque como plataforma de integración comercial. “Tenemos que crecer, y para eso precisamos mercados que fluyan”, afirmó. El acuerdo también ha sido objeto de análisis en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, celebrada en Buenos Aires, donde se discutieron los próximos pasos para acelerar su entrada en vigor. La creciente incertidumbre global ha generado consenso en torno a la necesidad de aprovechar la coyuntura para desbloquear el proceso de ratificación.

A pesar de los obstáculos técnicos aún por resolver, como los criterios de trazabilidad medioambiental o el impacto de las normativas europeas sobre carbono, los líderes del Mercosur ven en el tratado una oportunidad para reducir la vulnerabilidad externa y fortalecer las cadenas productivas regionales, especialmente en sectores como agroindustria, energía y manufactura.

La presión diplomática en ambos frentes —europeo y latinoamericano— podría ser decisiva en las próximas semanas. Mientras el contexto internacional se vuelve cada vez más volátil, la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur puede convertirse en un factor estabilizador y estratégico, tanto para la diversificación comercial de América Latina como para la autonomía estratégica de Europa, aseguran los expertos.