CEOE se retira de la negociación sobre la reforma del despido

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado que la patronal abandonará las negociaciones sobre la reforma del despido en España. La decisión, tomada por el comité ejecutivo de la organización, se basa —según el propio Garamendi— en que “la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta”. El anuncio se realizó durante el acto de clausura de la asamblea general ordinaria de Cepyme, donde el dirigente aprovechó para criticar la posición del Gobierno, afirmando que “el propio Gobierno dice que son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta”.

La retirada de la CEOE se produce apenas dos días después de que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, convocara la primera reunión de la mesa de diálogo sobre esta reforma. La patronal había asistido inicialmente para conocer los planteamientos del Ejecutivo, aunque, tras constatar la orientación de las conversaciones, decidió formalmente abandonar el proceso.

Durante su intervención, Garamendi también adelantó la posibilidad de recurrir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si el Gobierno plantea incrementos que, a su juicio, resulten injustificados. “Hay cosas que tendremos que parar”, señaló, subrayando que “si se empiezan a plantear temas en torno al SMI con los que no estamos de acuerdo, pues tendrán que ir lógicamente al recurso”. El presidente de la patronal justificó esta posición en la necesidad de “defender lo que su gente necesita”, en referencia al tejido empresarial representado por la CEOE.

Garamendi advirtió además de una creciente “pérdida de confianza en los acuerdos” por parte de los empresarios, y llamó a recuperar el espíritu del diálogo social como base de las relaciones laborales en España.

 
El contexto europeo impulsa la reforma del despido

La reforma del despido forma parte del programa de gobierno de PSOE y Sumar, y está impulsada por las observaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este organismo, con sede en Estrasburgo, determinó en dos resoluciones —julio de 2024 y junio de 2025— que España vulnera la Carta Social Europea al considerar insuficiente la actual indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado). Según el CEDS, dicha compensación “no es suficientemente elevada para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasoria para el empresario”.

Las denuncias de UGT y CCOO ante el comité europeo subrayaban que el marco jurídico español no permite una indemnización que refleje el daño real sufrido ni garantiza un efecto disuasorio ante despidos sin causa. A raíz de estas resoluciones, los sindicatos instaron al Gobierno a abrir cuanto antes la mesa de negociación, con el fin de adecuar la legislación a los estándares europeos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo español emitió en julio una sentencia que respalda la actual normativa del Estatuto de los Trabajadores, argumentando que la compensación vigente constituye una “indemnización adecuada”. El Alto Tribunal aclaró que las resoluciones del CEDS “no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares”, y defendió que la legislación actual “ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores”.

Por su parte, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, destacó la “difícil situación por la que atraviesan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas”, señalando el exceso de regulación y costes crecientes como las principales amenazas para la competitividad. De Miguel recordó que en los últimos cinco años han desaparecido unas 23.000 microempresas, lo que refleja la vulnerabilidad del tejido empresarial.

La representante de Cepyme insistió en que el exceso burocrático y normativo genera incertidumbre y frena la inversión, reiterando su apuesta por el diálogo social y la negociación colectiva para abordar reformas como la del despido o la reducción de jornada laboral.