
CEOE Tenerife alerta del impacto del absentismo laboral, que alcanza un 8,4% en Canarias, y propone medidas urgentes para reducir costes y mejorar la productividad
Al igual que CEOE, lamentó “el escaso esfuerzo del Gobierno para que pudiéramos entrar en el acuerdo para la actualización del Salario Mínimo (SMI) en 2024”
ECONOMÍA & POLÍTICA24/01/2024En un comunicado conjunto, las empresas españolas destacaron haber propuesto un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3% al 4%, alineándose con los acuerdos del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En ese momento, subrayaron la necesidad de conciliar este aumento con la supervivencia de las empresas, empleos y salarios, especialmente en contrataciones públicas y el sector agrario, y alertaron sobre el impacto negativo en pymes y autónomos en sectores y territorios específicos, incapaces de prever los aumentos anuales en los costos del salario mínimo. Además, señalaron que la Administración elevó los costos del SMI para las empresas contratistas en un 50% desde 2018 sin ajustar los precios de los contratos.
Por otro lado, tanto la CEOE como la CEPYME, pidieron la indexación de los contratos públicos para reflejar los costos y evitar situaciones precarias, pero lamentaron que esta propuesta no fuera atendida. También expresaron preocupación por la falta de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para agricultores en áreas rurales, criticando que la subida del SMI se haya planteado como un premio o castigo a la adhesión empresarial, en lugar de basarse en criterios técnicos. Denunciaron la arbitrariedad en la negociación, generando incertidumbre y socavando la confianza en la economía, mercados e inversores.
Finalmente, a pesar de los esfuerzos de contratación y el crecimiento económico, destacaron el deterioro de los indicadores de inversión debido a la falta de confianza, expresando su esperanza de que el aumento acordado del SMI no genere efectos secundarios, contribuyendo a la ralentización económica y del empleo.
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El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 225.000 euros. El Real Decreto contempla mecanismos para reconocer públicamente a las que destaquen por su compromiso.